Las asociaciones de padres y madres de alumnos,  fundamentalmente, la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa) -ideológicamente próxima al PSOE-, que representa a unos tres de millones de familias  de la escuela pública, y la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa)  -con planteamientos ideológicos más cercanos al PP-, presente fundamentalmente en centros privados y concertados, viven momentos de crisis. El motivo es la caída de las ayudas de los  438.620 euros en 2011 a los  43.600 euros previstos para 2012, lo que en opinión de los dirigentes de Ceapa supone una seria  amenaza para su supervivencia. El Gobierno suprime también la partida destinada a financiar a las Federaciones Territoriales de Padres y Madres de Alumnos, que en 2011 ascendió a 508.180 euros.

«Este recorte –denuncia Ceapa, que preside José María Sánchez– es un ataque al ejercicio del derecho constitucional de los padres y las madres al control y gestión de los centros educativos, porque deja a estas confederaciones en una situación tan precaria que será muy difícil defender los intereses de los padres y madres de alumnos en las decisiones que tomen las administraciones educativas y ante otros sectores educativos». Los Presupuestos Generales del Estado amenazan la propia supervivencia de estas organizaciones, «en una destrucción, sin precedentes en el periodo democrático, del tejido social de nuestro país», dice en un comunicado Ceapa, que agrupa a 42 federaciones territoriales integradas por 11.000 asociaciones de padres y madres.

Tanto Ceapa como sus federaciones territoriales necesitan un local con la infraestructura necesaria y un mínimo de personal laboral que garantice el asesoramiento y apoyo a las AMPA, y la representación en los centros educativos, consejos escolares y mesas de negociación locales,  autonómicas y  estatales. Ceapa  asegura que “por su mera existencia en la defensa de los intereses de las familias, por las actividades de formación y divulgación que desarrolla y por promover la implicación de las familias en la escuela, éste es un movimiento asociativo que debería estar amparado mínimamente por el Estado.

El presiente de la Confederación  laica,  Jesús Mª Sánchez, señala que  “esos fondos tienen un valor social multiplicador, porque con ellos damos mucho a la sociedad; sin embargo, y a juzgar por los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno cree que nuestra labor es totalmente prescindible”.

Por su parte, Concapa lamenta que «tampoco se haya tenido en cuenta, una vez más, el papel fundamental de las familias y de las asociaciones de padres, a quienes deberían dotarse de los medios necesarios para poder llevar a cabo su función formativa y participativa».

En cuanto al recorte complementario anunciado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y todavía sin concretar, ambas organizaciones de padres de alumnos entienden que afectará a la calidad del sistema educativo.

Jesus María Sanchez afirma que «es difícil que se recorte más de lo ya anunciado» y  resalta que si esa disminución de recursos «supone un incremento en la ratio profesor-alumno se estará afectando a la calidad de la educación». Es  «una pena –continúa- que el Gobierno no concrete más sus acciones anunciando a qué partidas van destinadas los recortes» porque las asociaciones se muestran «indefensas a la hora de valorar cómo se aplicarán».

El presidente de Concapa, Luis Carbonel, considera que es una «barbaridad restar dinero a educación» y que antes de restar inversión a esta materia se deberían restar partidas destinadas otros ámbitos «como la financiación de los partidos o los sindicatos». Para Carbonel, “no se puede añadir más presión social con medidas como estas porque los ciudadanos no aceptarían que los políticos no dieran ejemplo aplicándose ellos también medidas de recorte».