La intervención del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), en el XIX Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte y ABC, tiene un cierto sabor a despedida, casi a un testamento. Quizás porque su mandato termina en junio, MAFO defendía su gestión sobre la crisis financiera, recordando que en España “no ha habido un Estado que, con la chequera de los contribuyentes, haya comprado a los bancos sus activos malos y, en un momento, se hayan resuelto todos los problemas a las entidades supervisadas”.

Todo lo contrario. “El equipo de supervisión del Banco de España ha tenido que aplicar una estrategia que le obligaba a buscar prioritariamente soluciones privadas, lo cual exige convencer, y esto lleva bastante más tiempo que ordenar o que acabar inmediatamente con los problemas inyectando recursos públicos”.

MAFO critica que se mantuviera “sin grandes cambios el peculiar esquema jurídico de las cajas”, lo que obligó a “negociaciones complejísimas” entre las partes implicadas (sindicatos, gestores, comunidades autónomas) “con intereses muy distintos a los que rigen en cualquier sociedad mercantil, donde la disciplina de mercado lleva a que los propietarios se preocupen de minimizar las pérdidas y aumentar el valor de los accionistas y no de mantener el poder, o del nivel de las prejubilaciones, o de dónde se colocan las sedes”.

“Antes de su transformación en bancos, el respeto a la estructura jurídica de las cajas obligó a que el proceso de reestructuración tuviera que ir moviéndose poco a poco, avanzando por etapas y con gran prudencia. El ejemplo más claro fue el de la constitución de los SIP en un primer momento, sin los cuales habría sido extremadamente difícil conseguir finalmente fusiones interregionales”, insiste el gobernador del Banco de España.

En este sentido, MAFO recuerda “cuando las comunidades autónomas tenían la capacidad de vetar fusiones”. “Y aunque la constancia y la habilidad de la supervisión consiguió convencer a la  mayoría de las comunidades autónomas de la inevitabilidad de hacer fusiones con cajas de otros territorios, es conocido algún caso en que se frustraron alternativas interregionales más sólidas y se tuvieron que aceptar unas fusiones que, si bien eran viables en el escenario previsto entonces para la economía  española y además evitaban intervenciones más costosas para el contribuyente, eran claramente peores que las fusiones sugeridas por el supervisor”.

Aquí, el gobernador del Banco de España no se atrevió a identificar, públicamente, a quién se refería. Pero era evidente: la Xunta de Galicia, con Caixa Galicia y Caixanova, ahora NovaGalicia Banco, que intenta a trancas y barrancas mantenerse en solitario; a la Generalitat, con CatalunyaCaixa, pendiente de subasta, y Unnim (ya adjudicada al BBVA); y a la Junta de Castilla y León, que impuso la fusión entre Caja España Caja Duero, ahora en proceso de absorción por la malagueña Unicaja.

Reformas en los peores momentos

El gobernador recuerda que “está probado que no solo en España sino en casi todo el mundo sucede que las grandes reformas se hacen en los peores momentos”, por lo que “lo que debería animarnos es que más vale tarde que nunca”. Y que “lo que importa es que en 2009 España inició el proceso de  reestructuración bancaria y que ya queda poco para completarlo”. Pero también matiza que “en cuanto al saneamiento y a los niveles de capital, la última reforma ha dado un paso muy importante, pero nada en la vida es definitivo”, porque “si la economía española finalmente se recupera, será más que suficiente con lo hecho; pero si la economía empeorara más de lo previsto, habrá que seguir aumentando y mejorando el capital lo que sea necesario para seguir contando con entidades sólidas”.

Pero MAFO fija otras exigencias, como “avanzar en la reducción de los órganos de gobierno de las cajas para evitar duplicidades una vez que han traspasado su negocio financiero a los bancos que han creado, los cuales, a partir de un cierto tamaño, deberían cotizar todos en Bolsa”.

Exigencias al Gobierno

En la fase final de su mandato como gobernador, MAFO considera que “se debería seguir concediendo al Banco de España instrumentos que permitan que las actuaciones de la supervisión se puedan desarrollar de una manera ágil y simple y no complicada y lenta”. “Para ello convendría traspasar del Ministerio de Economía al Banco de España buena parte de las competencias del régimen sancionador, de otorgamiento de licencias, en línea con lo que ha venido sugiriendo desde hace tiempo el Fondo Monetario Internacional”, argumenta.

“También habría que autorizar al Frob a asumir los poderes de las juntas de accionistas en los bancos intervenidos y eliminar requisitos legales que retrasan la transmisión de  activos y pasivos. El mismo Banco de España debería dotarse de instrumentos propios de supervisión que le permitan la corrección temprana de los problemas y separarse definitivamente de un régimen legalista que sólo contaba con la intervención como último y extremo recurso, cuando se incumplían todos los requerimientos legales”, añade el gobernador.

MAFO insiste en que “es trascendental seguir respetando la autonomía del Banco de España en su actuación supervisora y que los Gobiernos sigan sin caer en la tentación de interferir en las decisiones de la supervisión”.