El principal lobby catalán, el Círculo de Economía, recordará hoy al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, una nota de opinión que emitió hace cinco años en el que denunciaba que la falta de seguridad jurídica en España entorpece la actividad económica. En ese punto, el entonces presidente del Círculo, José Manuel Lara, deunció que en España “hay muy buenos jueces, pero es inadmisible que a algunos les revoquen más de la mitad de las sentencias. Ésos no pueden seguir en la carrera». La responsabilidad de los jueces y de los fiscales es uno de las asignaturas pendientes de la administración de la Justicia española.

La responsabilidad penal, civil y disciplinaria de los jueces está proclamada en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico. Pero los empresarios catalanes dudan de que el régimen vigente de responsabilidad judicial sea el correcto y sus resultados sean los aceptables, por lo que consideran necesaria su reforma. El Círculo de Economía se inclina por esa reforma al sostener que de facto no hay una exigencia de responsabilidad a los jueces, lo cual constituye uno de los déficits más graves de la democracia española. Y de la seguridad jurídica que sustenta toda actividad económica.

La cuestión más llamativa sobre la responsabilidad judicial es que, en todos los casos, sea decidida en exclusividad por los propios jueces, de modo que se da, como mínimo, una imagen poco creíble y de corporativismo, que resulta negativa, a juicio de los empresarios catalanes. Para el Círculo de Economía, se trata de encontrar un sistema que evite el temor de los que tienen que reclamar esa responsabilidad judicial ante el espíritu de cuerpo en los llamados a exigirla.

El decálogo de reformas que el Círculo de Economía reclama en la Administración de Justicia se completa con los siguientes puntos: Respecto al Consejo General del Poder Judicial, el lobby económico catalán reclama establecer un sistema de designación de los vocales que huya de la «endogámica corporativa», y que evite reproducir la relación de fuerzas políticas de las Cortes. Los candidatos deberían someterse a una «rigurosa evaluación previa» de los diputados y el presidente del Consejo debería comparecer periódicamente ante las cámaras. Los vocales que vulneren sus obligaciones deberían ser destituidos.

En cuanto a la responsabilidad de jueces y fiscales, el Círculo de Economía exige solución a lo que considera “uno de los déficit más graves de la democracia española», ya que el empresariado catalán considera que “no se exige responsabilidades a jueces ni fiscales, lo que erosiona el sistema y es necesario establecer una «vigilancia» para evitar que ejerzan su poder con discrecionalidad”.

Entre las medidas propuestas, destaca la necesidad de un nuevo sistema de acceso a la judicatura. En opinión del Círculo de Economía, “el actual es obsoleto porque se basa únicamente en la oposición memorística. Debería considerarse, además de la escrupulosa formación, la «experiencia profesional y la madurez de la personalidad», porque es un trabajo vitalicio. En cuanto a la Audiencia Nacional, el empresariado catalán propone suprimirla o reducir sus competencias a los delitos de terrorismo, porque es una excepción a la organización judicial.

Sobre leyes procesales, la nota de opinión consensuada por propietarios de empresas, altos ejecutivos y académicos económicos, defiende simplificarlas y modernizarlas en todas las jurisdicciones, porque sus «anacronismos y formalismos » facilitan la «inaceptable lentitud» del proceso con maniobras dilatorias de los abogados. En materia de medios personales y materiales, el Círculo reclama fomentar la estabilidad de jueces, secretarios y funcionarios, con aumento de la productividad siguiendo los criterios de organización y eficiencia de los servicios públicos. Y crear un modelo de oficina judicial adaptado a cada realidad y promover «sin dilación» la incorporación de la tecnología de la información en los procedimientos judiciales, como ocurre con éxito en otras administraciones.

Finalmente, en el capítulo de los organismos reguladores, el principal lobby catalán reclama evitar su instrumentalización política, como en su opinión ocurre con el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Para ello, defiende que los mandatos legales deberían ser precisos y quienes ocupan los cargos deberían ser examinados a fondo y rendir cuentas. Una reforma que debería también contemplar la apertura de estos organismos a profesionales de prestigio y los presidentes deberían repetir.