Los Técnicos de Hacienda (GESTHA) consideran que la limitación de los pagos en efectivo a partir de 2.500 euros anunciado por Rajoy dentro del plan de lucha contra el fraude es «un primer paso» pero se quedará corto en su objetivo de reducir la economía sumergida, ya que la multa máxima del 25% del importe desembolsado implica que seguirá siendo más rentable defraudar que cumplir con las obligaciones fiscales.

Este colectivo de profesionales implicados en la gestión de la recaudación impositiva y la lucha contra el fraude fiscal teme que la medida resulte poco eficaz para terminar con las bolsas de fraude que habitualmente utilizan billetes de 500 euros -el instrumento idóneo para saldar operaciones al margen del Fisco- como son las tramas de facturas falsas o falseadas, el fraude carrusel en el IVA y el vaciamiento patrimonial de las grandes empresas con destino a cuentas opacas a paraísos fiscales.

GESTHA aseguró este martes que generar facturas falsas para acometer este tipo de fraudes implica ahorrarse tanto el pago del Impuesto de Sociedades (que grava hasta un 30% del importe) como el IVA (del 4% al 18% en función del tipo aplicable), lo que supone un importe muy superior al del 25% que deberían afrontar como máximo en caso de ser descubiertos por Hacienda.

Además, el Ejecutivo ha dejado abierta la posibilidad de que existan sanciones intermedias inferiores incluso a la cuarta parte del importe desembolsado en efectivo, lo que en algunos casos haría que saliera todavía más a cuenta defraudar que cumplir con la legalidad.

Sin delito fiscal

Por otro lado, los Técnicos consideran que esta medida no acabará con el fraude de forma automática porque la imposición de una multa , al no existir una cuota defraudada, impide la imputación por delito fiscal, según el cual el defraudador estaría obligado a afrontar -además de la sanción- los pagos derivados del IVA, el Impuesto de Sociedades o el IRPF en el caso de un autónomo.

Un límite generoso

Gesthaa aseguró también este miércoles que pese a que finalmente la limitación del pago afectará también a las ventas minoristas, el tope de 2.500 euros fijado por el Gobierno «se quedará corto» a la hora de reducir la tasa de economía sumergida, por lo que se debe ser más exigente contra el fraude y bajar el listón en el trámite parlamentario.

Actualmente y según los datos de los técnicos de Hacienda, la economía sumergida en España asciende a 245.000 millones de euros, lo que representa el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de otros países de nuestro entorno, como Alemania o Francia.