El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha cifrado este jueves en 2.500 millones de euros el ahorro que supondrá para comunidades autónomas y ayuntamientos la extensión de la jornada laboral de los funcionarios en 2,5 horas semanales.

Durante su partipación en el Foro Aragonex, Beteta ha subrayado que «nada será como antes» y que los trabajadores, estén al servicio del sector público o del sector privado, deben ser conscientes de la necesidad de una formación permanente para ser más efectivos.

Así, ha señalado que los trabajadores deben «olvidarse del cafelito y de leer el periódico» y ser más productivos, con responsabilidad y humildad, «que no sumisión».

Beteta ha indicado que la economía española tiene que ganar en competitividad y ligar las subidas salariales a este concepto y cuando las circunstancias lo aconsejen, al tiempo que ha asegurado que los salarios de los empleados públicos no deberían vincularse con la evolución de la inflación.

El secretario de Estado se ha referido también a la reforma laboral, apuntado que ésta se ha hecho para modernizar las relaciones laborales un país con más de 5 millones de desempleados y «harto» de escuchar «palabras vacías». «No entiendo por qué se venera tanto un régimen que es herencia del Franquismo», ha añadido.

Plan Antifraude

En cuanto al plan de lucha contra el fraude fiscal, que incluirá la prohibición para empresarios y profesionales de pagar en metálico operaciones por importe superior a los 2.500 euros, Beteta ha indicado que la sociedad entera «tiene que rebelarse contra la economía sumergida».

Así, ha advertido de que cuando no se emiten facturas en las operaciones comerciales «se está poniendo en peligro el pago de medicamentos y la educación», entre otras cosas. «Es malo que lo haga una empresa y que el particular lo tolere. Y yo creo que no es cuestión sólo de multa. Para las empresas está el riesgo de la reputación», ha añadido.