El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzaba este jueves por la mañana en el Congreso que el Plan Antifraude que prepara el Gobierno obligará a los contribuyentes a informar a la Agencia Tributaria de todos sus activos en el extranjero. Una medida que tiene como objetivo luchar contra la economía sumergida y ayudar al cumplimiento del déficit.

En la misma línea, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, aseguraba también en un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), que las medidas incluidas para conocer los activos ocultos en el extranjero supondrán una «potente vía recaudatoria».

Las declaraciones sobre lo anunciado por los responsables de Hacienda no se han hecho esperar. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han puesto en duda que la obligación de informar de las cuentas abiertas en entidades financieras situadas en el extranjero proporcionen nuevos datos. Gestha considera que se trata de una información que puede ser conocida por Hacienda a través de los balances de las compañías y que en cambio, las cuentas opacas seguirán sin declarar.

Esta medida se enlaza con la anunciada este miércoles por Mariano Rajoy en la que se pondrá límite de 2.500 euros a las transacciones mercantiles. Ferre ha asegurado que tanto el pagador como el receptor de pagos en efectivo superiores a esta cantidad podrán ser multados con el 25% del pago en efectivo realizado.

El número dos de Hacienda no ha especificado si la multa se repartirá entre pagador y receptor o si cada uno tendrá que asumir el 25% de dicha cantidad. Y ha aclarado que dicha sanción es paralela y no exime de otros delitos que puedan ser descubiertos como facturas falsas o rentas no declaradas. «Es una sanción complementaria», ha subrayado.

Medidas para controlar las cuentas opacas

Los técnicos de hacienda proponen varias vías para descubrir cuentas opacas. En primer lugar, alcanzar acuerdos con las grandes entidades de banca privada que operan en paraísos fiscales. Bajo la amenaza de retirarles la ficha bancaria que concede el banco central para que puedan operar en sus mercados, se les puede exigir la lista de titulares.

En segundo lugar, suscribir acuerdos directos con las entidades emisoras de tarjetas de débito y de crédito. De esta manera se puede identificar a las personas que las utilizan en España a nombre de sociedades, fundaciones o entidades cuyos pagos se cargan contra cuentas bancarias situadas en el extranjero. Así se seguiría el rastro de sus titulares, autorizados, cuantía y naturaleza de los movimientos efectuados con dichas tarjetas.

Gestha recuerda, además, que ya desde 30 de enero de 2010 existe la obligación por parte de entidades financieras de identificar a aquellas personas que realicen ingresos bancarios en efectivo por encima de los 3.000 euros. Así como la obligación de las entidades encargadas de la gestión de cobro de las tarjetas de identificar a los comerciantes que desde esta fecha cobran con este medio de pago siempre que superen esa cantidad neta anual, las cuentas que reciben ese cobro y el importe anual en euros facturado.

El Gobierno no subirá el IVA

Miguel Ferre ha reiterado que el Ejecutivo no quiere subir el impuesto sobre el valor añadido porque sería «erróneo para la economía española» ya que tendría un efecto nocivo tanto en el precio de los productos como en los bienes y servicios.  «La subida del IVA afectaría a la inflación y retraería el consumo de estos productos», ha advertido.