La jornada del jueves 12 de abril iba a ser un hito en la historia de Repsol en YPF y, aunque las novedades no vinieron por donde se esperaban, fue realmente un día trascendente. La presidenta del país, Cristina Fernández, finalmente acudió a la reunión con los gobernadores de las provincias productoras, aunque durante toda la jornada se especuló con que no acudiría, pero no hizo en donde ningún anuncio sobre la intervención de YPF. Pero el ataque llegó por la vía legal.

Con el objetivo de hacerse con el control de YPF, el Gobierno de Buenos Aires optó por enviar al Congreso un proyecto que declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación” al 50,01% de las acciones clase D de la compañía, ahora en manos de Repsol (57%) y de sus socios argentinos del Grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazi (25%).

El proyecto fue enviado poco después de que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, fuese recibido por el ministro de Planificación, Julio de Vid, según fuentes consultadas.

Las acciones sujetas a expropiación son 100 millones del Grupo Petersen –todas las que tienen los Eskenazi- y 96.558.000 título de los que tiene Repsol. En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones clase D, que hoy pertenecen en un 57,43% a Repsol y en un 25,46 por ciento al Grupo Petersen, mientras que un 17,09% flota en bolsa y un 0,02% ya está en poder del Estado argentino. Las acciones de YPF se disparon en Bolsa al trascender esta operación.

Hasta el momento no se conocen las condiciones económicas de la expropiación, pero en los mismos medios se habla literalmente de expolio. Las acciones de la petrolera, no obstante, caían en las primeras horas de la mañana -algo más del 1,5%-, pero no se desplomaban. Las decisiones del Gobierno de Cristina Fernández han elevado fuertemente la tensión entre España y Argentina.