Fue el del jueves, 12 de abril, un pleno largo y espeso en el que la derecha nacional y nacionalista catalana aprobaron la amnistía fiscal para quienes tengan a bien blanquear sus capitales con plenas garantías de secreto y anonimato, es decir, sin temor al código penal, por la módica tasa del 8% si provine de fuera y del 10% si se guarda en cajas de seguridad en el solar patrio. Protestó la izquierda y UPyD, que maneja bien el oportunismo. Su portavoz y catedrático de economía, Álvaro Anchuelo, sacó a colación las descalificaciones de María Dolores de Cospedal contra el Gobierno anterior porque permitió comprar deuda pública desde paraísos fiscales y repitió sus palabras: “Eso es impresentable, injusto y antisocial”. También recordó que Rajoy tildó en su día de “ocurrencia” una amnistía a los defraudadores. Según el ministro Cristóbal Montoro, no es amnistía sino “regularización”.

Como todos querían sentar cátedra con palabras estupendas como aquellas de Anchuelo sobre la “moralidad fiscal” y la “ética política”, como si el dinero tuviera más moral que el beneficio y la política tuviese un ápice de ética, llegó el joven diputado de IU Alberto Garzón Espinosa (25 años) y destacó lo esencial: apoyo a la supresión de las ventajas a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades que implantó el anterior Gobierno, provocando una caída de la recaudación de 45.000 a 15.000 millones de euros en los tres últimos años y un agravio a las pequeñas y medianas, y crítica por la premura y mal diseño de esta amnistía, habida cuenta de que Alemania la hizo al 46% de lo defraudado. Quiere decirse que la señora Merkel le echó un par y el señor Rajoy es un blandiblú.

Si CiU se sumó como un solo hombre a la “amnistía fiscal”, su jefe de filas, el señor Durán, la calva más brillante del Congreso, pactó la noche del miércoles con Soraya Sáenz de Santamaría su apoyo a la ley de estabilidad presupuestaria, también conocida como la del “déficit cero” en el año 2020. Expuso los logros del pacto Josep Sánchez Llibre, resumiendo que las autonomías podrán flexibilizar la deuda aunque no cumplan con la reducción el 13% previsto en la fecha señalada, siempre y cuando hayan reducido a cero su déficit público.  “Ya les anuncio que Cataluña será ejemplo de rigor y no incurrirá en déficit en 2018”. ¡Albricias! El déficit es muy malo y los préstamos son muy caros. Después de lo cual, también el PNV y hasta UPyD respaldaron la ley.

Lo paradójico del caso es que esas formaciones soltaron venablos contra la reforma del 135 de la Constitución del que emana esta ley. Ya recordarán que para sosegar a los mercados, Zapatero y Rajoy pactaron aquella reforma una noche del verano pasado, dando prioridad al pago de la deuda y la reducción del déficit sobre la financiación de otros servicios. Rubalcaba, que había rechazado fechas antes una propuesta del opositor Rajoy en ese sentido, se llevó un chasco cuando se enteró de que la noche había confundido a ZP y para remediarlo dijo que de cero nada y colocó en el papel del acuerdo el 0,4% de déficit estructural, una décima menos que Alemania. Pero el de Pontevedra, ya en el Gobierno, volvió al pacto original y dejó el cero pelado para que se chinche y rabie, Rubalcaba. Total que ayer, los de los venablos que rechazaron la reforma constitucional se sumaron a ella y el PSOE, con un portavoz en la materia que no se merece (Pedro Saura) dio por roto el acuerdo.

También en este debate fue digno de escuchar el argumento del diputado de IU Garzón: si el Banco Internacional de Pagos considera razonable una deuda de los Estados del 85% de su PIB y la del Estado español es bastante inferior, ¿por qué se ha de aprobar una ley que limita su margen de maniobra y supone un dogal cuando, además, se ha de hacer cargo de la crisis de sectores privados? Este Garzón (en francés: “muchacho”) no necesita papeles para hablar ni es uno de esos parlamentarios que llaman “pajarito” porque baja y sube la cabeza picoteando en el texto. Luis de Guindos le despreció en su día. Pero me creerán si les recomiendo que no le pierdan de vista.

Por último, y como estaba cantado, el PP rechazó las enmiendas con texto alternativo del PSOE y los demás grupos de izquierda a la reforma laboral, y vetó al de ERC Joan Tardà como representante del Grupo Mixto (18 diputados) en la Comisión de Secretos Oficiales. En el pleno anterior ya había rechazado a su jefe de filas Alfred Bosch. De ningún modo el PP va a permitir que esos “republicanos separatistas” se enteren de los planes de los servicios secretos del CNI, del uso de los 18 millones de euros de un presupuesto de 222 de los servicios de inteligencia para operaciones inconfesables y de cuántos confidentes puede pagar Interior con los 6,8 millones de euros en gastos reservados. Después de todo lo cual, no es extraño que la izquierda saliera del pleno más dolorida que don Quijote de la refriega con los pastores.