Después de semanas de acoso a Repsol, la presidenta de argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha anunciado la toma de control de YPF, de la que el grupo español tiene un 57% del capital. La nacionalización afecta al 51% de las acciones que pasarán a manos del Estado, aunque de este paquete un 49% se repartirá entre las provincias productoras mientras que el resto quedará en manos del Ejecutivo central.

La medida afecta a las acciones de clase D que pertenecen al grupo español, por lo que otros accionistas no se verán afectados directamente. El proyecto de ley que contempla esta expropiación establece además la disolución del directorio (consejo de administración) de la empresa argentina. De momento, la presidencia de YPF pasa a cargo del titular argentino de Economía, Julio de Vido. En esta línea, los directivos españoles de Repsol han sido expulsados de la sede de la compañía y obligados a recoger sus pertenencias y salir a la calle.

Fernández basa la acción en la necesidad de hacerse con la producción de petróleo y el gas del país, que es considerada de interés público. El anuncio se ha hecho en una intervención extraordinaria en la sede del Gobierno de Buenos Aires. Recién llegada  de la cumbre de las Américas, en  donde se entrevistó con mandatarios de América Latina y con el presidente de EE UU, Barack Obama, Cristina Fernández ha hecho un alarde de fuerza y ha subrayado que no admitirá presiones del exterior.

Era una clara alusión a la ofensiva lanzada la pasada semana por el Gobierno español, tanto por el ministro de Industria, José Manuel Soria, y por el titular de Exteriores, José Manuel García Margallo, quienes señalaron que una agresión contra Repsol iba a interpretarse desde Madrid como si la acción se dirigiese contra España. No obstante, la información del Gobierno español sobre las intenciones de Buenos Aires no fueron precisamente buenas en las últimas 48 horas, ya que Soria cambio el discurso este fin de semana, afirmando que la crisis estaba más encauzada y que se imponía el diálogo. También Antonio Brufau, presidente de Repsol, se pronunciaba por las negociaciones, aunque con escaso éxito y no fue recibido por Cristina Fernández.

Ahora surgen muchas interrogantes que van desde la reacción de la compañía y de sus accionistas -La Caixa, Pemex y Sacyr son los más importantes- a cómo va a hacer Argentina frente a la compensación económica por esta nacionalización, dada la grave crisis que atraviesa. La cotización de YPF en bolsa, desde que comenzó la incertidumbre sobre su futuro, se ha desplomado, pese a algunos repuntes, y ayer llegó a bajar más de un 20%. Posteriormente fue suspendida de cotización en Buenos Aires y en Nueva York. Con estos vaivenes, su valor en Bolsa es algo superior a los 8.300 millones de euros, por lo que el paquete de Repsol tendría un valor de unos 4.000 millones, casi en la frontera para que la petrolera no tenga que apuntarse minusvalías. Pero la fijación de la cifra final no está clara: según el borrador enviado al Congreso, el problema es que hay varios documentos, se intentará alcanzar un acuerdo. De no alcanzarse, se iniciaría un juicio para que el precio fuese  fijado por el Tribunal de Tasaciones de Argentina.