Los patriotismos exacerbados no suelen ser buenos para casi nada y mucho menos cuando se trata de afrontar y resolver cuestiones de cierta complejidad técnica, económica y jurídica. Cuando el debate sobre el futuro de YPF y Repsol tomó una deriva nacionalista y política, ya se podía intuir que el descarrilamiento estaba próximo.

Conocidas las intenciones expropiatorias de la presidenta argentina Cristina Fernández todos, españoles y argentinos, han tenido un “subidón” patriótico como muestran lo medios de comunicación y los comentarios informales de los ciudadanos. Se ha convertido en una cuestión de honor y la dignidad nacional exige a unos imponer duras sanciones, y a otros, una defensa a ultranza de sus recursos y resistir ante la prepotencia de los neocolonizadores. Es decir, solución cuasi imposible.

Los desencuentros y los debates más o menos virulentos en el seno de una corporación empresarial no son nada nuevo ni siquiera infrecuentes, máxime cuando se explotan recursos o servicios considerados esenciales para la comunidad.

Poner en cuestión la suficiencia del suministro, precios, inversión, repatriación de beneficios, etc. es algo que puede encajar perfectamente en el marco de las relaciones con los accionistas locales, de la acción de supervisión del Gobierno y de los gestores públicos de las provincias en las que se encuentran los recursos y que, de forma que a nadie debe extrañar, tratan de procurar que esa riqueza beneficie también a sus ciudadanos.

Frente a esto se encuentran los contratos y convenios válidamente constituidos, los acuerdos legítimamente adoptados por los órganos de gobierno de la sociedad, con la aquiescencia de todas las partes implicadas, la realidad de las cifras de explotación, etc.

Todas cuestiones susceptibles de negociación y de acuerdo por más que en el proceso se produzcan envites y tiras y afloja de mayor o menor entidad. Y, si en el viaje se produce alguna mediación política, debe ser discreta, dirigida a persuadir a las partes en litigio, y no de cara a la galería y con transcendencia pública.

Cuando representantes del Gobierno de España asumen pública y decididamente la defensa de una empresa privada como es Repsol y consideran la posible expropiación como un gesto de hostilidad contra España, que no quedará sin respuesta y tendrá graves consecuencias, lo que en realidad han hecho es cortarle la retirada al Gobierno argentino que, por dignidad nacional, por vergüenza torera que diría un castizo, no puede arrugarse y dar marcha atrás, lo que sería sin duda interpretado por sus connacionales como una derrota y devaluaría el prestigio del país en el concierto internacional.

Las relaciones entre Estados siempre son complejas y delicadas, pero lo son mucho más con países con los que se comporte una comunidad cultural, espiritual e histórica, con un fuerte sustrato afectivo que se convierte en un ambivalente sentimiento de amor /odio, que hay que entender y gestionar con absoluto y exquisito cuidado y respeto, eliminando de raíz cualquier sombra de prepotencia o de paternalismo.

Planteadas las cosas como están, empatados los envites, tal vez todavía haya margen para abandonar el escudo de las banderas nacionales, que tanto atan, y volver a hablar razonablemente y con afán constructivo de posibles soluciones, aunque unos y otros tengan que atemperar sus respectivas posiciones.