La penúltima semana parlamentaria de este invernal abril ha estado centrada en el desfile de altos cargos por las comisiones correspondientes para explicar las cuentas de sus departamentos. Ya les he contado las dudas metodológicas que sobre los ingresos y los egresos esparció el gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez en la última comparecencia de su mandato. Dudó de que con una reducción de la actividad económica del 1,7% del PIB y un estancamiento de la economía europea se pueda verificar ese incremento de la recaudación del 4,3 sobre el año pasado y alcanzar los 167.700 millones de euros consignados en el Presupuesto sin subir el IVA. El secretario de Hacienda, Miguel Ferrer Navarrete, dejó a Descartes y al Gobernador a un lado y afirmó que las cifras se van a cumplir. Tendremos que pedir 60.000 millones prestados para cubrir el gasto, pero el déficit público quedará embridado en el 5,3 comprometido en Bruselas.

El secretario general de la Seguridad Social, Tomás Burgos, confió también en que los pronósticos del Gobernador sean desmentidos por la realidad y se mantenga el equilibrio entre los 120.690 millones de ingresos y de gastos, lo que supone una reducción del 3 respecto a 2011 e instala el sistema tras una década de superávit en el equilibrio absoluto del déficit cero. El 88,1 de los ingresos llegan de las cotizaciones, 11.173 millones vienen de las mutuas y el resto, de los complementos a mínimos por parte de Hacienda, que aporta 1.000 millones más que el año pasado. Por la parte del gasto, las pensiones contributivas suponen 101.954 millones de euros, las no contributivas representan 1.995 millones, se reduce un 37 la asignación para la incapacidad laboral transitoria, que queda en 5.799 millones y se dedican 2.700 millones al pago de los periodos de maternidad y paternidad, 900 millones a las personas dependientes y 2.600 a bonificaciones empresariales. El resto es gestión.

A partir de las grandes cifras, la balumba de curiosidades periodísticas ha sido alta. De la comparecencia del subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, salen titulares con morbo: a los expresidentes de gobierno se les baja la dotación anual de 79.000 a 74.580 euros, los exministros y exsecretarios de Estado nos cuestan 3,7 millones de euros, los festejos del bicentenario de las Cortes de Cádiz, 600.000 euros, y el Museo de la Monarquía que se está construyendo detrás del Palacio Real de Madrid nos sale por 142 millones de euros, en un programa plurianual que acabará en 2016. Otro dato con morbo es el coste de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en octubre en Cádiz: sin que sepamos muy bien por qué, los cumbreños nos van a salir por 4,5 millones de euros, la mitad de lo que nos costó la Iberoamericana de Salamanca: 9 millones de euros.

Aparte la letra menuda, el desfile de altos cargos se convirtió en una carrera de reproches de unos contra otros. Los gubernamentales reprocharon a los salientes del PSOE las deudas bajo la alfombra y el déficit de 25.000 millones por encima de lo previsto, y éstos reprocharon a sus sucesores los recortes en sanidad, enseñanza, obras públicas, investigación, desarrollo e innovación, ayuda a la industria, dependencia, violencia de género, cooperación y ayuda internacional, y, por supuesto, una amnistía fiscal que amén de injusta e inmoral no servirá para reducir el 22,5% de actividad sumergida ni para recaudar los 73.000 millones de euros, que según un estudio de los ingleses para los socialistas del Parlamento Europeo, que esgrimió Juan Moscoso, la hacienda pública española deja de recaudar cada año.

Al lado de ese volumen de fraude, el “recetazo” a los pensionistas para que paguen hasta 216 euros al año por los medicamentos que –salvo los jubilados de la función pública– hasta ahora adquirían gratis después de una vida de trabajo y cotización, va a reportar 1.080 millones de euros como mucho. La cifra, con ser importante, sobre todo si le agregamos el 10% de aumento del copago para el resto, salvo los parados sin prestaciones, no deja de ser insignificante al lado de la gran evasión o elusión fiscal, como prefieran. Al cronista se le ocurre que además de prohibir los pagos en efectivo de más de 2.500 euros, sería positivo incentivar un voluntariado antifraude en el que podrían militar muchos jóvenes en paro y no pocos jubilados. Pero de antemano sabe que las ocurrencias sin método ni conocimiento son sólo eso.