Argentina intenta atraer a grupos extranjeros para desarrollar sus proyectos petrolíferos más punteros, después de que el Gobierno que  preside Cristina Fernández de Kichner optase la pasada semana por expropiar el 51% de las acciones que Repsol posee de YPF. Los dirigentes de ese país, que se han puesto a la cabeza del grupo energético, estiman que la puesta en marcha de campos como el de Vaca Muerta precisan de fuertes inversiones y una alta tecnología que no tienen. Por el contrario, prácticamente  descartan una eventual entrada de un socio en el capital de YPF, a través de una deseada ampliación de capital, por los conflictos legales abiertos tras la renacionalización de la compañía. Es un enfrentamiento ante diversos tribunales y entidades que está vivo y en el que todos los días se producen novedades.

Repsol había mantenido contactos previos a la intervención con China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), grupo con el que tiene intereses en común en Brasil, para la venta de una participación relevante de YPF.  Pero una vez reducida la posibilidad de que Buenos Aires retome ahora con éxito esas conversaciones, su objetivo se centra en lograr la participación de una gran petrolera en algunos de los proyectos que precisan más liquidez y un mayor conocimiento del desarrollo de los yacimientos no convencionales, en los que los hidrocarburos no están depositados en bolsas sino incrustados entre las piedras. En la lista de posibles socios, el equipo económico que dirige el ministro de Planificación, Julio de Vido, ha incluido además a la brasileña Petrobras, pese  a los conflictos recientes. El objetivo se ha ampliado también a las grandes estadounidenses como Exxon y Chevron.

Pero el grupo que preside Antonio Brufau advierte que emprenderá acciones legales contra cualquier compañía que entre en YPF o cualquiera de sus activos antes de que se alcance un acuerdo sobre la indemnización por la expropiación. La base es, al mismo tiempo, complicada y simple; mientras que no sea compensada adecuadamente la empresa considera que su patrimonio no puede ser vendido a terceros. En esta c0mpleja situación, los analistas estiman además que Repsol puede utilizar en su contencioso legal sobre la valoración de la filial austral los 13.000 a 15.000 millones de euros a los que fue valorada en las dos o tres ofertas que recibió en los últimos meses, una de ellas fue rechazada por el Ejecutivo bonaerense que mantiene derecho de veto en la sociedad. En este contencioso, Repsol ha reactivado sus contactos con las empresas con las que mantiene unas relaciones de más calado, entre ellas la mexicana Pemex.

Brufau ya anunció en una carta a la presidenta Fernández que el plan de negocios de YPF, que permitiría incrementar en un 30% la producción de petróleo y en un 20% la de gas en cinco años, requeriría 30.000 millones de dólares, mientras que las necesidades en una segunda etapa alcanzarían los 12.000 millones año. «Pensamos, se señala en la misiva, que estos fondos no pueden ser obtenidos actualmente en Argentina», para indicar a continuación que Repsol YPF, por su conocimiento del mercado, era el vehículo idóneo para atraer esas inversiones y esa financiación.

Por otro lado, el  jueves 3 de mayo finalizará el proceso parlamentario del proyecto de ley que tiene como objetivo expropiar el 51% de las acciones de YPF que controla la empresa Repsol cuando la Cámara baja sancione la norma, para lo que cuenta con un fuerte apoyo de la oposición. El debate en esa cámara llegará inmediatamente después de que el miércoles el Senado apruebe el proyecto enviado por el Gobierno.