La amnistía fiscal no alcanza a los billetes de 500 euros

24/04/2012

Luis Martínez. La Asociación española de asesores fiscales Aedaf reclama al Gobierno que extienda la regularización fiscal a los contribuyentes que atesoran dinero ‘negro’ en efectivo.

Los asesores fiscales reclamaron hoy al Gobierno más garantías para los defraudadores que quieran acogerse al proceso de regularización abierto hasta el 30 de noviembre. Para los asesores, la amnistía fiscal es “un claro ejemplo de inseguridad jurídica”. En su opinión, el proceso debería incluir no solo el IRPF, sino además otros impuestos, como el IVA.

El presidente de los asesores agrupados en Aedaf, Antonio Durán-Sindreu, arremetió este martes contra la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno y pidió mayor seguridad jurídica. La llamada ‘regularización’ permite a los defraudadores hasta el 30 de noviembre aflorar productos financieros localizados fuera de España y obtener el perdón, a cambio del pago de un 10 por ciento de lo defraudado.

Sin embargo, la norma deja fuera a quienes posean dinero en efectivo, según señalan desde Aedaf. “Uno de los mayores problemas que plantea esta amnistía es la imposibilidad de regularizar el dinero en efectivo”, señala Durán-Sindreu.

Enrique Giménez-Reyna, miembro del comité asesor de Aedaf, se pregunta qué va a pasar con el IVA y otros impuestos como el de actos jurídicos documentados (AJD). “La duda es si la regularización finaliza en la Renta”.

La regularización podría recaudar 2.500 millones, según las previsiones del Gobierno. “Pero eso no garantiza que vaya a aportar liquidez”, añade Giménez-Reyna. “Porque esos productos pueden seguir en Panamá o en Luxemburgo”.

Quita en los procesos judiciales

Los asesores recomiendan además al Gobierno que permita acogerse al perdón a quienes ya están siendo investigados, algo que la norma en principio descarta.

Además, Aedaf recomienda “una quita” en los procedimientos judiciales y administrativos en curso. En especial cuando el conflicto se produce ante un problema de interpretación de la norma entre la Administración y el investigado, un caso, en opinión, demasiado frecuente.

Una quita en casos de conflicto administrativo o judicial permitiría aumentar la recaudación y desbloquear los tribunales, añade. “Sería además justo”, apunta Durán-Sindreu.

Además, los asesores piden que se paralicen las inspecciones y los expedientes en curso hasta el 30 de noviembre, el día en que acaba el plazo para acogerse al perdón fiscal.

Más lucha contra el fraude

En opinión de los asesores, Hacienda debería investigar más “lo oculto” y no centrarse solo en controlar a los contribuyentes cuyos datos sí figuran en los ordenadores de la Agencia Tributaria. “Se comprueba mucho y se investiga menos”, lamenta.

En su opinión, las normas sobre tributación están mal redactadas y por eso Hacienda se ve obligada a recurrir a su interpretación. Así sucede en el caso de deducciones por I+D+i, donde la deducción “ha ido a menos” entre las empresas, como consecuencia de la interpretación de la Administración Tributaria, “seguramente por una política legislativa deficiente”, lamenta.

Supresión de los módulos

El Gobierno ha acompañado su aministía fiscal con un anteproyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal. En opinión de los asesores, este anteproyecto contiene medidas acertadas, pero insuficientes.

Así, los asesores reclaman la supresión de los módulos en el régimen de tributación de los autónomos. “Es un foco de fraude. Debería suprimirse sin más”, afirman. Los asesores valoran además la limitación del uso de dinero en efectivo para empresarios y profesionales.

Sin embargo, los asesores critican la “inseguridad fiscal” y “la presión fiscal indirecta asfixiante”, una combinación que, en su opinión, no es el mejor caldo de cultivo para favorecer el inicio de nuevos negocios.

Por ello, los asesores han preparado un documento con sus recomendaciones que harán llegar tanto a la Administración tributaria, como a los ministros de Economía, Luis de Guindos, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, así como a los partidos políticos.

El presidente de los asesores reclama que se regule bien porque, afirma, estas medidas “siempre acaba pagándolas el cumplidor”. En cambio, eldefraudador, -aquel que realiza su actividad con intención de perjudicar a la Administración, “ese siempre sale impune”, lamenta.

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