Los actuales administradores de Caja Mediterráneo (CAM) han solicitado al juzgado de la Audiencia Nacional personarse como acusación particular en la causa que investiga a la anterior cúpula directiva de la entidad financiera, según han confirmado fuentes cercanas al caso.

El juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional instruye una causa contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, por presunta estafa, delito societario y falsedad documental, y contra el resto de la anterior cúpula directiva.

En noviembre de 2011, el juzgado admitió a trámite la querella presentada por el abogado y representantes de la Plataforma CAM, Diego de Ramón, y abrió diligencias de investigación en las que participa la Fiscalía Anticorrupción.

En marzo de este año el juzgado también admitió a trámite la personación como acusación particular de unos 300 clientes de la CAM, que perdieron sus ahorros invertidos en cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de la caja alicantina y pidió al ministerio fiscal que emitiera un informe sobre esta decisión.

En la querella se acusa a los antiguos gestores de la CAM de estafar a más de 55.000 clientes con una venta «planificada y sistemática» de estos productos utilizando la información «falsa».

Ahora, los actuales administradores de CAM han solicitado tomar parte también en el proceso en calidad de acusación particular, si bien el juzgado aún no se ha pronunciado sobre si acepta la petición.

En este sentido, fuentes cercanas al caso han confirmado que el juez que lleva ahora el caso ha solicitado un informe al fiscal antes de tomar una decisión al respecto.

La antigua cúpula de la CAM, personas non gratas

Por otra parte, De Ramón ha solicitado por escrito al presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, que declare personas ‘non gratas’ a los cargos convocados por la comisión de investigación de la CAM que se niegan a comparecer.

Entre las personas citadas por este órgano, De Diego ha recordado que se encuentra el propio gobernador del Banco de España, políticos en activo y retirados tanto de Murcia como de la Comunitat Valenciana, así como inspectores y exconsejeros de la CAM.

En su opinión, la negativa a comparecer ante la comisión de investigación supone «un desprecio absoluto» y por ello deberían ser declaradas personas ‘non gratas’ en toda la Comunidad Valenciana. Además, ha considerado que la cámara autonómica debería vigilar el cumplimiento de esta sanción de no estar en tierras valencianas.