El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio un plazo de un mes a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para aprobar este nuevo paquete de medidas antifraude, que se suma al plan de lucha de fraude fiscal que aprobó el Gobierno hace dos semanas y que incluye medidas como la limitación del pago en efectivo a un máximo de 2.500 euros en operaciones en las que intervenga al menos un empresario profesional.

El propio Mariano Rajoy fue el que adelantó el 2 de abril, en un acto ante la plana mayor del PP, que el Gobierno extendería la lucha antifraude a la Seguridad Social y al cobro de la prestación por desempleo.

«Vamos a intentar que todo el mundo cumpla con sus obligaciones y, si no lo hacen, tendrá la sanción que a cualquier persona normal y a cualquier demócrata le parece razonable», manifestó entonces el presidente del Gobierno.

Con este plan, el Ejecutivo quiere combatir el uso fraudulento de las prestaciones por desempleo e incluirá medidas que eviten pactos entre trabajadores y empresas parar cobrar el paro.

El Gobierno está realizando una estimación aproximada de cuánto puede ahorrarse con este plan, según fuentes gubernamentales. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año están presupuestados un total de 28.503 millones para prestaciones por desempleo, un 15 por ciento menos que el año pasado.