Los responsables de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), que agrupa a las 79 universidades españolas, tanto públicas como privadas, han mostrado al titular de Educación su disgusto por las declaraciones del propio Wert y de sus colaboradores acerca de la labor de las universidades, que son “un elemento clave para el desarrollo de nuestro país”. Asimismo y según la nota difundida por la Conferencia, los rectores han lamentado que no se haya contado con las universidades antes de la aprobación de estas medidas.

Los rectores han partido de la base de que, ante la actual coyuntura económica, se debe garantizar, ahora más que nunca, una educación superior pública accesible para todos los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos. Por este motivo, se considera que, para que esta política de precios públicos se ponga en funcionamiento, deben cumplirse previamente varias condiciones.

Así, los responsables de los campus reclaman la implantación de un buen sistema de becas y ayudas al estudio, que funcione correctamente y cumpla criterios de equidad. Exigen también que el incremento de los precios públicos en segundas y sucesivas matrículas, que recoge el Real Decreto-ley regulador de los ajustes, se lleve a cabo de forma progresiva en el tiempo.

Según lo regulado, los estudiantes asumirán entre el 15% y el 25% de lo que se gasta en su formación. Esto significa que habrá subidas de hasta el 66% (más de mil euros) en las tasas universitarias de los grados y de al menos el 50% en las matrículas de los másteres no habilitantes, es decir, los que no se exigen para ejercer una profesión. Actualmente, un máster  oficial cuesta entre 800 y  3.000 euros en cifras redondas.

En segundas y sucesivas matriculas, la medida apunta a que el estudiante cubra con lo que pague el coste total de su formación.

La mencionada nota de la CRUE señala también que el Ministerio ha manifestado que todos los estudiantes que cumplan con los requisitos para obtener una beca, tendrán derecho a recibirla. Hay que recordar con respecto a los másteres que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha suspendido los créditos renta para financiar estos estudios de posgrado que, con la aplicación del Plan Bolonia, han adquirido carácter oficial.

Los dirigentes de la CRUE han hablado también de las medidas que afectan directamente al profesorado por las que se reducen sus condiciones laborales y se modifica unilateralmente su régimen de dedicación, tomando como referente los tramos (sexenios) reconocidos de su actividad investigadora. “No hay discusión alguna -señala el comunicado- sobre la importancia de la evaluación de la investigación, pero cabe señalar que esta evaluación ha sido hasta ahora, y sigue siendo, voluntaria por parte de cada profesor, y no tiene como objetivo discernir si se investiga o no, sino establecer únicamente el nivel”. Además, “conviene recordar que los procesos de evaluación han tenido una contestación importante en algunos campos científicos, con resultados muy dispares”. Asimismo, las primeras autoridades académicas de los campus resaltan que las medidas aprobadas por el Gobierno “no tienen en cuenta la dedicación de este colectivo a las funciones de gestión administrativa y la transferencia del conocimiento”, función esta última “imprescindible para la transmisión del conocimiento científico y tecnológico generado en las universidades al tejido social y productivo”.

El Ministerio ha transmitido a los rectores que se están desarrollando reglamentariamente las dedicaciones del profesorado y ha solicitado a la presidencia de la CRUE las sugerencias pertinentes para la mejora del texto, en lo relativo a los tramos de investigación, transferencia y actividades de gestión académica y científica.

Galicia mantendrá tasas bajas

Por otra parte y en este contexto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado en sede parlamentaria su compromiso de que Galicia seguirá siendo la comunidad española «con menores tasas universitarias» y que su Ejecutivo no aplicará la opción de aumentar la ratio de alumnos por clase, como permite el real decreto aprobado por el Gobierno central en busca de reducir costes.

Feijóo ha anunciado ambas medidas después de que la diputada del BNG Ana Pontón le instase a «ejercer de presidente» y no cumplir con la normativa estatal que determina varias medidas de ajuste en sanidad y educación. En la misma línea, el líder del PSdeG, Pachi Vázquez, ha instado al presidente a pactar una ley alternativa para «blindar» ambas áreas sociales, que éste ha rechazado por «inconstitucional».

El presidente gallego ha argumentado que su comunidad no puede incumplir una norma «básica» del Estado y ha avisado de que «no invadirá» competencias estatales, igual que «no permitirá que se invadan» las suyas. Ha insistido también en que su Gobierno aplicará la legislación «básica» porque cree «en la Constitución», aunque mantendrá las «menores» tasas universitarias y no recurrirá a la posibilidad de elevar la tasa de estudiantes por aula, precepto para el que la nueva norma del Estado «faculta a las comunidades, pero no obliga».

Otras autonomías como Castilla y León, La Rioja, Navarra o el País Vasco ya han anunciado su intención de implantar subidas mínimas en las tasas universitarias.