Los sindicatos cargaron hoy contra el Gobierno después de conocer ayer miércoles el contenido del plan contra el fraude en el ámbito laboral. Según las centrales, el denominado Plan integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social contiene medidas “excepcionales y desmesuradas”, que se centran “casi en exclusiva” en perseguir a los parados, mientras que “pasa por alto” el fraude empresarial.

Los secretarios de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, y de Empleo y Migraciones de CCOO, Paloma López, criticaron el plan tras conocer ayer de primera mano el contenido del decreto-ley que el Ejecutivo tiene previsto aprobar este viernes o el próximo, como muy tarde.

“No es aceptable un plan de lucha contra el fraude laboral centrado casi en exclusiva sobre los perceptores de la prestación por desempleo”, denunciaron.

Según los sindicatos, el decreto ley “pasa por alto el fraude empresarial”, salvo en el caso de las altas en la Seguridad Social, aunque esta “no es la única fuente de fraude laboral por parte de los empresarios”, matizaron.

Tras conocer el plan, las centrales acusaron al Ejecutivo de intentar enmascarar la “persecución” de los parados, con medidas “excepcionales y desmesuradas” de control en el cobro de la prestación, y de hacerlo bajo el “paraguas” de un plan de lucha contra el fraude laboral, en el cual echan en falta numerosos puntos.

Por otro lado, las centrales censuran al Gobierno que aborde este plan mientras decreta al mismo tiempo una “amnistía fiscal”.

Un plan que camufla la intención de perseguir a los parados

Para las centrales, el plan no se corresponde con los objetivos declarados en su propio título. “Ni siquiera se corresponde con la definición de trabajo no declarado que utiliza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, lamentan.

Para CCOO y UGT, “todo el texto, desde su título, responsabiliza a los trabajadores de las infracciones cometidas, aunque la norma establezca que estas son atribuibles a las personas contratantes o a quienes los emplean de manera irregular”, recuerdan, tras apelar al orden que establece la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Según los sindicatos, el plan debería abordar la lucha contra la economía irregular o sumergida, pero también otros aspectos relacionados con la precariedad laboral. “La precarización de las relaciones laborales, en general, no viene determinada exclusivamente por la falta de alta o de cotización a la Seguridad Social”, critican.

“Resulta evidente que este plan no puede limitarse al control en materia de afiliación y cotización y control de las prestaciones por desempleo”, añaden.

En el caso de extranjeros, CCOO y UGT piden que se refuerce la lucha contra las conductas infractoras de los empleadores irregulares, pero también a promover y facilitar a las víctimas la incorporación al mercado de trabajo regular.

Además, los sindicatos exigen que se haga un especial seguimiento sobre el cumplimiento de la nueva normativa en materia de servicio del hogar familiar, y piden reforzar la actividad de Inspección.

Además, los sindicatos recuerdan que, según los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal, el número de bajas tramitadas por el organismo, por rechazar ofertas de empleo o acciones de las políticas activas de empleo ascienden a febrero de 2012 a 569, lo que significa un 0,023 por ciento del total.