El aumento del paro en 365.900 personas en el primer trimestre del año supondrá una pérdida de ingresos de 953 millones de euros para las arcas públicas, según los cálculos del impacto del desempleo sobre la recaudación por IRPF realizado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Esta pérdida de recaudación, que le puede servir al Gobierno como argumento para nuevos recortes o subida de impuestos como el IVA solo está calculada para el IRPF pero también tiene sus efectos sobre el de sociedades y valor añadido.

Podría llegar a los 2.000 millones

Por lo que respecta a los citados 953 millones, las estimaciones de Gestha -que incluyen varios supuestos de crecimiento del paro a lo largo de este ejercicio- consideran que en el caso de que el desempleo subiera en 750.000 personas en 2012, según algunas previsiones, la pérdida recaudatoria sólo en el IRPF rozaría los 2.000 millones. Y esto porque es el impuesto que más recursos aporta cada año al conjunto de las Administraciones Públicas.

Para llegar a ese dato global, Gestha ha calculado que el IRPF pierde unos ingresos íntegros medios de 15.161 euros por cada nuevo desempleado. Esto supone dejar de recaudar unos 11.371 millones de euros en bases imponibles (la cuantía de la renta personal que está sujeta a tributación) en el supuesto de que se destruyesen 750.000 puestos de trabajo durante el presente ejercicio, alcanzando así la barrera de los seis millones de parados.

Los Técnicos consideran esta estimación muy prudente, ya que para su elaboración se ha partido de la media de las retribuciones de los trabajadores, por lo que si realmente se despidieran a personas de mayor edad y mayor salario la pérdida de ingresos para el Estado sería superior.

Más pérdidas por la reforma laboral

Con la nueva reforma laboral vigente, Gestha considera que las empresas tendrán una predisposición mayor a despedir a quien tiene mejores condiciones salariales para contratar en un futuro a jóvenes con nóminas más bajas. Esto supondrá que, si se despide a los trabajadores de mayor sueldo y edad (los de mayor antigüedad), la caída de los ingresos del IRPF será superior, ya que los sueldos mayores afectan a la progresividad del impuesto que determina el pago de mayores cuotas.

En este cálculo tampoco se ha considerado la posibilidad de que las empresas decidan reducir los salarios en lugar de despedir a trabajadores, como contempla la nueva reforma laboral. En este supuesto, la recaudación por IRPF también descendería como consecuencia de la reducción de las bases imponibles a declarar con una cuota resultante de la autoliquidación inferior.

Si las empresas contratan en un futuro a jóvenes con salarios inferiores, los ingresos del IRPF apenas se repondrán porque a estos sueldos les afecta la progresividad con menor intensidad que a los trabajadores más antiguos despedidos.

Perjudica el objetivo de déficit

Por otro lado, si en el cálculo del coste estatal del aumento del desempleo, se incluyeran las prestaciones por desempleo de las nuevas personas en paro, el coste para la Agencia Tributaria tendría un efecto negativo adicional sobre el déficit público, que en 2011 cerró en el 8,5% del PIB.

Además, Gestha advierte de que el aumento del número de parados no solo tendrá un impacto directo sobre los impuestos sobre la renta sino también sobre la fiscalidad que grava los ingresos de las empresas. Así, aquellas que hayan despedido trabajadores reducirán la base imponible del Impuesto de Sociedades con el importe de las indemnizaciones.

Por otro lado, al haber más personas en paro con menor poder adquisitivo, seguirá disminuyendo la demanda de hogares y empresas, lo que afectará negativamente a la recaudación por IVA que grava el consumo.

Con objeto de que la Administración pueda incrementar los ingresos que se perderán con el aumento del desempleo, Gestha apuesta por reducir la economía sumergida con las siguientes medidas: aumentar la responsabilidades de la plantilla de la AEAT, especialmente de los técnicos de Hacienda; compartir las bases de datos entre todas las Administraciones tributarias y el control de los resultados de la Agencia Tributaria Estatal por las Cortes, con participación de las comunidades autónomas, para garantizar una gestión transparente e independiente en la lucha contra el fraude.