El Gobierno ha decidido acudir al arbitraje obligatorio en el conflicto entre Iberia y el sindicato de pilotos Sepla por la creación de Iberia Express, según permite el ordenamiento jurídico, con el objetivo de «poner fin» a un conflicto que «está costando importantes ingresos para todos», tras meses de continuadas huelgas.

En la rueda posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que este proceso implica el nombramiento de un árbitro entre las dos partes, que en el caso de no llegar a un acuerdo, será designado por el Ministerio de Fomento. Sáez de Santamaría recordó que el laudo arbitral será de obligado cumplimiento para las dos partes.