La nueva normativa para el sector eléctrico hasta ahora conocida ha causado más preocupación que alivio entre las empresas  integradas -como Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa-. Sus críticas se han centrado, entre otros aspectos, en la reducción de la remuneración de la distribución y en la aplicación de unas medidas restrictivas a las energías renovables, especialmente a las solares, que consideran muy insuficientes.

Con estos resultados en el marco legislativo, que son t0davía los primeros, las eléctricas intentan cambiar su estrategia para lograr más influencia en el Ministerio de Industria. En la primera parte del proceso las quejas a la Administración se centraron en que ni el ministro de Industria, José Manuel Soria, ni el secretario de Estado de la Energía, Fernando Martí, habían recibido a los responsables de las empresas para consultar los cambios o sólo lo habían hecho para reuniones meramente protocolarias. En las últimas semanas se han producido más encuentros, pero el sentimiento que subyace es que la capacidad que tienen para que los responsables de la política energética acepten sus argumentos es muy limitada.

Esta preocupación hace que responsables de algunas empresas empiecen a cuestionar el papel que desarrolla en este contexto el presidente de la patronal Unesa, Eduardo Montes. El ex presidente de Siemens fue elegido para dirigir la asociación de empresas eléctricas en diciembre de 2010. Entonces logró que su nombramiento fuera aprobado por unanimidad por los presidentes de Endesa, Iberdrola, Gas Natural, HC Energía y E.On España, para una etapa que se esperaba marcada por la liberalización del mercado y las reformas del sector, así como el impacto de la crisis económica. En medios consultados se indica que, si bien desde el ministerio se ha puntualizado que no aceptará las presión de los lobbies, es necesario defender unas compañías que consideran han sido muy castigadas en los últimos años y que ha posibilitado que se creara un agujero cercano a loa 30.000 millones de euros.

Las comparecencias públicas de directivos del sector,  que se han producido desde que el Gobierno aprobase una subida de la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) del 7%, junto a medidas de recortes de la remuneración de diversas actividades, no han dejado posibilidad de duda sobre sus posiciones.  Creen que las medidas afectarán negativamente a las inversiones en redes de distribución y que las obligan a centrar sus esfuerzos en el exterior o en áreas como la distribución gasista.

En esta línea,  Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa, manifestó que las subvenciones a las renovables han sido desproporcionadas y que han generado una burbuja que se debió frenar en su momento. Y que el decreto que plantea una moratoria no es suficiente ya que permite que entren en el sistema eléctrico centrales que están en el pre-registro. También se han mostrado en contra de la reducción de  la cuantía destinada a los pagos por capacidad, ya que se trata de centrales que aseguran el funcionamiento del sistema, supliendo a las renovables cuando no están disponibles en etapas de falta de viento o de sol.

Pero ahora queda por aprobar normas más relevantes que fijarán las condiciones para que las eléctricas desarrollen su actividad sin que se vuelvan a crear déficit estructurales. Los temores se centran, asimismo, en temas concretos como, por ejemplo, las reducciones en los ingresos de las centrales nucleares e hidroeléctricas a través de tasas.