Esta revisión se produce después de que la agencia de calificación rebajara la pasada semana en dos escalones el rating de España desde A/A-1 a BBB+/A-2 al entender que existen «riesgos significativos con respecto al crecimiento económico y a la ejecución presupuestaria», algo que podría repercutir negativamente en la calidad crediticia de España.

Hasta 11 entidades españolas han visto rebajada su calificación crediticia por parte de S&P, entre ellos Santander (junto sus filiales Santander Consumer Finance y Totta), BBVA, Banesto, Ibercaja, KutxaBank, Banca Cívica, Bankinter, Sabadell, Barclays España la Confederación española de cajas de ahorros (CECA). Además de otras cinco cuya nota ha sido colocada en perspectiva y a finales de mayo llegará la decisión final sobre su nota. Dentro de este segundo grupo se encuentran CaixaBank, La Caixa, Bankia, BFA, Banco Popular

La agencia estadounidense asestó un severo golpe a la nota de España el pasado viernes al degradarla dos escalones hasta dejarla en un BBB+ o aprobado alto, con perspectiva negativa. S&P ya adelantó entonces que «el sistema bancario comercial español ha aumentado bruscamente su dependencia de las fuentes de financiación oficial hasta un nivel considerablemente mayor del que anticipamos en enero».

El FMI añadió más presión aun al señalar en un informe publicado la semana pasada que los bancos grades «parecen suficientemente capitalizados» pero que «las vulnerabilidades persisten en otros bancos que dependen de apoyo público» y en que «el sector en su conjunto permanece vulnerable a las distorsiones persistentes en los mercados de financiación». El informe de la institución presidida por Christine Lagarde concluía que es fundamental que haya un saneamiento «rápido y adecuado» de los balances de las entidades débiles para evitar «que los bancos solventes sufran innecesariamente por la continuada pérdida de confianza de los mercados en el sector bancario».