Desde hace unos días la campaña «no vull pagar» (no quiero pagar) está ganando adeptos. Unos mil quinientos conductores, al llegar al peaje de las autopistas catalanas, se plantan con un «no quiero pagar». El empleado -de momento- se limita a tomar la matrícula del vehículo y le levanta la barrera.

Esta campaña está ganando adeptos en una sociedad cada vez más indignada por los recortes provocados por la crisis y por la sensación de que los catalanes sufren más las consecuencias que otras comunidades, además de déficits históricos de una sociedad que se siente humillada por el Gobierno central, que va desde el desprecio que mostró al referéndum del Estatut la sentencia del Tribunal Constitucional hasta la negativa de los sucesivos gobiernos centrales de cumplir sus compromisos económicos con la Generalitat.

El Govern se ha mostrado comprensivo con la protesta por los peajes, quizás temiendo que esta campaña sólo sea la primera de una serie de actos de insumisión cívica. Felip Puig, consejero de Interior, aseguró que «no enviaré mossos d´esquadra (la policía autonómica) a multar a los conductores que no pague«, pero añadió que «no pagar el peaje es una infracción y si Abertis abre un expediente sancionador y nos lo tramita, el Servei Català de Trànsit puede imponer sanciones de hasta cien euros». Añadió que «hemos de cumplir el principio de legalidad».

Ante el temor que la protesta se extiende, el consejero de Territorio, Lluís Recoder, ha convocado para el próximo día 14 una reunión de trabajo con los representantes de los grupos parlamentarios, los concesionarios de autopistas, sindicatos y diferentes instituciones de la sociedad civil para estudiar una reordenación del sistema de peajes. Por su parte la Generalitat emitió un comunicado señalando que «Catalunya es un país que sufre un déficit histórico de inversiones por parte del Estado» y aseguró que este déficit lo han compensado con la construcción privada de autopistas de peaje, «lo que implica un agravio comparativo con el resto del Estado. Señala que Catalunya tiene 632 kilómetros de autopistas de peaje lo que representa que la para circular por la mitad de las vías de gran capacidad son de pago. En contraste en el resto del Estado sólo lo son el 18%.

Representantes de Abertis, que días atrás reconocieron el trato desigual que tienen los catalanes en comparación con el resto del Estado en lo que se refiere al régimen de autopistas de peajes, aseguró que aunque aún no han interpuesto ninguna denuncia contra los conductores que boicotean los peajes, tienen intención de hacerlo, al tiempo que requerían de las administraciones que sancionen a los conductores que infringen esta ley