A la declaración de culpabilidad añadirían la devolución del dinero malversado al que sumarían una cantidad, para compensar los daños causados a la Administración. Esa cantidad, en forma de reparación del daño, actuaría como atenuante ante la Justicia.

Se cree que el principal punto de conflicto entre Urdangarin y Torres es determinar quién asume la mayor parte de la devolución del dinero malversado, que se estima en alrededor de 10 millones de euros. En sus respectivas declaraciones, ambos han atribuido la responsabilidad sobre la gestión de Nóos a la parte contraria.

En los próximos días, los abogados de ambos mantendrán encuentros por separado con miembros de la Fiscalía Anticorrupción para abordar el asunto.