El proyecto de ley impone la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF y el 51 por ciento de las de YPF Gas y declara de «utilidad pública» y «objetivo prioritario» el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, comercialización y transporte.

Las acciones expropiadas se repartirán entre el Estado, con un 51 por ciento, y las provincias que forman parte de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), con un 49 por ciento. Las provincias recibirán los títulos de forma proporcional a sus niveles de producción y de reservas comprobadas de hidrocarburos.

El texto prohíbe transferir las acciones expropiadas sin la autorización del Congreso, con el apoyo de las dos terceras partes de sus miembros.

A pesar de ello, YPF seguirá operando como una sociedad anónima, sin que se le aplique la legislación sobre empresas públicas, por lo que se le permitirá acudir a fuentes de financiación internas y externas y a la concertación con empresas públicas, privadas o mixtas, tanto argentinas como extranjeras.

Además, establece como metas de la política de hidrocarburos del país la conversión de los recursos de hidrocarburos en reservas comprobadas, la explotación y restitución de dichas reservas, la integración del capital en alianzas estratégicas para explorar y explotar hidrocarburos y la maximización de las inversiones.

En un segundo plano sitúa la promoción de hidrocarburos con alto valor agregado, la incorporación de nuevas tecnologías, la creación de empleo, la protección de los intereses de los consumidores en relación al precio, la calidad y la disponibilidad de los derivados de los hidrocarburos y la obtención de saldos exportables.

También crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, formado por el Estado –a través de los ministerios de Economía y Finanzas, Planificación, Trabajo e Industria–, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El nuevo organismo garantizará el cumplimiento de la ley y elaborará el Plan Nacional Estratégico para la Soberanía Hidrocarburífera de Argentina.

El proyecto de ley ha recibido el apoyo unánime del Frente para la Victoria (FPV), el partido gobernante, del Frente Amplio Progresista (FAP), y de la Unión Cívica Radical (UCR) y el apoyo parcial del Frente Peronista y la Coalición Cívica, ya que, aunque la mayoría de sus diputados ha votado a favor, algunos se han abstenido y ausentado.

El único rechazado unánime ha sido el de Propuesta Republicana (PRO). Paula Bertol, diputada de dicha formación, ha criticado que «se está haciendo uso y abuso de las emociones», pese a que «en el recinto de la Cámara de Diputados debería primar la razón», informa el diario ‘Clarín’.

«Mas allá de la emoción profunda, hoy venimos a decir que no», ha dicho Bertol, al tiempo que ha anunciado que el PRO ha presentado un proyecto de ley alternativo para «dar un verdadero marco jurídico a las inversiones en Argentina».

La votación se ha llevado a cabo tras dos jornadas de intensos debates en la Cámara de Diputados en las que han intervenido hasta 55 legisladores. El proyecto de ley ya fue aprobado el pasado 26 de abril por el Senado.