Ese rechazo fue emitido por el Comité Permanente Ampliado de la Conferencia de Rectores, formado por los ocho miembros del Comité Permanente y los rectores que presiden las diez comisione sectoriales de que se compone la CRUE.

El texto de los rectores rechaza “de forma rotunda el procedimiento seguido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el que medidas de vital importancia en el funcionamiento y gestión de las universidades, incluidas en el citado Real Decreto-Ley, han sido conocidas a través de los medios de comunicación y de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.

Además, las primeras autoridades académicas de los 79 campus públicos y privados que existen en España piden al ministro de Educación, José Ignacio Wert “la convocatoria urgente del Consejo de Universidades, e incluir en el Orden del Día el estudio del Real Decreto-Ley aludido, al objeto de que las universidades puedan trasladar al Ministerio sus opiniones sobre cuestiones de tanta trascendencia para el sistema universitario”.

La CRUE rechaza “categóricamente “los argumentos defendidos por el Ministerio que apuntan al insuficiente trabajo de profesores y estudiantes para justificar las medidas incluidas en la mencionada normativa legal y denuncian que en el texto “la preservación de la excelencia académica y la paralela satisfacción del principio de igualdad de oportunidades no encuentran, por contra, enunciación explícita en la citada norma”.

Por todas estas razones, los rectores han advertido a Educación “de manera clara y rotunda” que “así no” vamos a mejorar nuestro sistema universitario, al tiempo que han reiterado su “nuestra voluntad de colaborar en el estudio de las reformas necesarias que permitan que el sistema universitario español mantenga un desempeño comparable al de los mejores sistemas universitarios en el mundo”.

Las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley, orientadas al ahorro de más de 3.000 millones de euros en el conjunto de la enseñanza, permiten una subida de hasta el 66% (más de mil euros) en las matrículas de los estudios de Grado y de hasta el 50% en los de Posgrado, así como una mayor carga lectiva para los profesores que no acrediten tramos de investigación (sexenios). Promueven también un severo control en la gestión de los centros.