El fraude fiscal y la economía sumergida están directamente relacionados con el porcentaje de empresas familiares y de microempresas que existe en un país. Es la tesis que defiende Michele Boldrin, director del departamento de Economía de la Washington University en Saint Luis (Estados Unidos) e investigador de Fedea. Su planteamiento, expresado en un encuentro organizado junto a la Apie sobre “Fraude, recaudación y reforma fiscal. Problemas y perspectivas”, parte de que hay que distinguir “entre fraude (evasión) y elusión, la cual es frecuentemente el producto de la incompetencia del legislador y del lobbying de grupos de interés”.

“La realidad del fraude es que solamente una parte pequeña viene de ‘ricos evasores’. La gran parte viene de millones de ‘pequeños evasores’, para los cuales la evasión fiscal es (parcialmente) la manera de estar en el mercado”, argumenta. Boldrin señala que “el dinero oculto en paraísos fiscales es un problema de equidad, pero su recaudación no llega al 1% del PIB, y la economía sumergida en España supone el 20% del PIB”. En línea con la media europea (no ponderada), menos que Grecia (25%) o Italia (22%), pero más que Suecia (15%), Alemania (13%), Francia o Reino Unido, en torno al 10%.

“Es verdad que en Estados Unidos la moralidad hacia lo público es un poco mayor que en los países mediterráneos y el IRS es un monstruo de eficiencia (y de respeto por los derechos de los ciudadanos) comparado con las Agencias Tributarias de Italia y España. Pero existe una razón fundamental por la cual en EEUU el fraude fiscal es, en porcentaje del PIB; poco más de la tercera parte de lo que es en España o en Italia: el número de pequeñas empresas familiares y de microempresas es muy bajo respecto del total. En España, las pequeñas empresas tienen 10, como mucho 20 empleados. Allí tienen 50 o un centenar, y esto marca una gran diferencia en términos de eficiencia y respecto al fraude”, insiste el investigador de Fedea.

Boldrin afirma que “la causa principal del fraude fiscal y de la economía sumergida es la economía tecnológicamente retrasada e ineficiente que tenemos”. Por tanto, para combatir el fraude “la mejor política es el desarrollo económico, la libertad de entrada en un mercado, el cese de los tratamientos especiales para las empresas familiares, el aumento del porcentaje de empresas medianas y grandes en restauración, hostelería o artesanía”. Este experto defiende medidas que incrementen el tamaño de las empresas, hacer más fácil tanto la creación como la extinción de éstas (cuando fracasan), e incentivos para la integración de pequeñas sociedades en grandes grupos, “porque sus promotores vivirían mejor como empleados de éstos”.

“La lucha contra el fraude fiscal es un instrumento muy útil de política industrial porque, forzando a las empresas pequeñas e ineficientes a competir en los mismos términos que las grandes y más eficientes, permite a estas últimas desplegar su potencial de crecimiento”, resalta el investigador de Fedea.

“Las diferencias regionales en la intensidad del fraude son sustanciales. No son tan grandes como las italianas, pero sí son notables. Las regiones que poseen un mayor porcentaje de pequeñas y microempresas parecen tener mayores niveles de fraude”, insiste.

Menos presión fiscal

Michelle Boldrin argumenta que “la presión fiscal en España a día de hoy, en porcentaje del PIB, es menor que antes de la crisis”: en torno al 33%, cuando en Italia es unos 12 puntos más. Añade que “la carga fiscal media en España no es particularmente alta, pero está mal distribuida: es excesiva sobre las rentas del trabajo dependiente de calidad”. “Elevar el IRPF no hace daño a los ricos, pero sí a los profesionales”, subraya.

Opina que “no hay que combatir el fraude por motivos de recaudación, sino de equidad y de eficiencia”, y que la lucha contra la evasión no va a solucionar el déficit. Éste se ha generado “al basar el gasto a largo plazo de las Administraciones Públicas en ingresos tan volátiles como la compraventa de viviendas, que no es una fuente fiable de financiación del gasto público”. Eliminar el fraude fiscal supondría recuperar entre dos y tres puntos porcentuales del PIB de recaudación “en el mejor de los casos”. Porque “es posible que si conseguimos eliminar el fraude con instrumentos puramente represivos, acabemos haciendo desaparecer una parte sustancial (entre un 10% y un 15%) del PIB español”.

El investigador de Fedea cree que “el fraude se combate más con penas fuertes, claras y seguras, y no con una gran cantidad de pequeños controles e intromisiones en las actividades económicas de los ciudadanos”, con “menos controles administrativos pero penas más duras a los que evaden sistemáticamente”.

En este sentido, critica la amnistía fiscal implantada por el Gobierno de Rajoy porque “este tipo de medidas son extremas, destruyen reputación” y porque “el que no se acoja a ella debe recibir un castigo muy fuerte”. “Las medidas podían haber sido más duras”, señala Boldrin. Critica también la limitación del pago en efectivo, porque “es poco respetuoso con el ciudadano, invade su privacidad y sus derechos” y porque es mejor incentivar el uso de tarjetas y los pagos electrónicos. Además, “esas medidas sólo funcionan si hay controles efectivos”.