La Generalitat considera que el Gobierno Central ha rebasado muchas “líneas rojas” en lo que se refiere a las competencias autonómicas y que obedecen a la voluntad de Rajoy de recuperar competencias. Ante ello el ejecutivo catalán, en nombre del principio de legalidad, emprenderá acciones institucionales, políticas y jurídicas para defender sus competenciasos, en especial a los que se refiere a temas lingüísticos y sobre el pacto fiscal.

Por ello el Govern llevará al consell de Garanties Estatutàries que estudie las medidas adoptadas por el Ejecutivo presidido por Rajoy en materia de educación y sanidad por si considera que violan las competencias autonómicas y en este caso presentar los correspondientes recursos ante el Tribunal Constitucional, actuando –en palabras del portavoz Francesc Homs- “en legítima defensa. Además el portavoz insistió que la Generalitat considera que las medidas de austeridad decretadas en sanidad por el Gobierno central “son claramente insuficientes” y reclamó de Rajoy que “si realmente el compromiso del Gobierno estatal es con la austeridad que empiecen a aplicarlo ellos mismos, que trabajo tienen”.

También el Govern reclama que el Estado haga efectivas todas las sentencias que incumplen con Cataluña, “aunque de entrada no resuelve el problema, como mínimo pone las cosas en su lugar sobre quien aplica y quien no el principio de la legalidad”. Se refería concretamente a la gestión y tramitación y pago de las subvenciones del 0,7% del IRPF para finalidades sociales que Madrid ya anunciado que no piensa cumplir pese a la resolución del Tribunal Supremo del pasado 16 de diciembre. El portavoz también apeló a otras sentencias que afectan a las competencias exclusivas de a Generalitat cen el ámbito de las becas, formación continuada o territorialización.

Según valoración del portavoz “el Gobierno central tiene una actitud de desconfianza con las autonomías, se presenta como que España es una administración central y el resto molesta”. Para clarificar conceptos el ejecutivo catalán ha encargado un informe al Institut d´Estudis Competencials para dejar claro cuales son las duplicidades que incurre la administración del Estado por mantener algunos ministerios vacíos de competencias dado que las tienen las autonomías en exclusiva, y citó expresamente cultura, educación y sanidad..

Sin embargo el propio Homs reconoció que recurrir al Tribunal Constitucional “no tiene mucho recorrido” vistos los precedentes, y tal vez deberían “concluir que, vistos los precedentes, no vale la pena llevar ante el Constitucional nada nunca más”, pero “de momento las reglas del juego son estas”. Pese a su escepticismo, aseguró que los recursos sirven para visualizar “de manera nítida y transparente que el Estado no cumple sus sentencias y que se ponga de manifiesto quien cumple y quien incumple el principio de legalidad».