La nueva fase de la reforma financiera que aprobará este viernes el Gobierno constituirá un incentivo para espolear las fusiones entre entidades de tamaño medio como Ibercaja, Liberbank, BMN o Unicaja, pero a la vez siembra dudas sobre las subastas pendientes, como las de Banco de Valencia, Catalunya Caixa y, en su caso, Novagalicia, informaron fuentes financieras.

La reforma que llevará el ministro de Economía, Luis de Guindos, al Consejo de Ministros de mañana, con la esperanza de que sea la «definitiva», actuará en una doble vía: por un lado exigirá a la banca provisiones adicionales a las fijadas por ley en febrero por cuantía de 52.000 millones para cubrir el riesgo del ‘ladrillo’ –lo que impactará en la cuenta de resultados de las entidades– y, por otro, creará los vehículos para segregar los activos inmobiliarios tóxicos.

A falta de que se cierren definitivamente los detalles, está previsto que el Gobierno exija al sector financiero que eleve la cobertura de los créditos inmobiliarios saneados desde el 7% a en torno el 30%, lo que arroja un nuevo esfuerzo por importe de más de 20.000 millones de euros, y añade aún más presión a las cuentas de resultados de las entidades.

Esta nueva vuelta de tuerca al sector en previsión de un deterioro futuro de la cartera crediticia vinculada al sector inmobiliario que aún está al corriente de pago se perfila como un claro incentivo a las integraciones, ya que estas operaciones permitirían a las entidades disfrutar de un plazo de dos años, en vez de uno, para cumplir con las exigencias de saneamiento y cargarlas contra patrimonio en vez de contra resultados.

A este incentivo se suma el deseo expresado por el Ministerio de Economía hace tres semanas a los presidentes de Unicaja, Ibercaja, Liberbank y Banco Mare Nostrum (BMN) de que que se creen nuevos grupos con un volumen de activos superior a los 100.000 millones de euros, umbral a partir del cual las entidades gozan de mayores facilidades para acceder a los mercados de financiación.

La iniciativa del Gobierno también podría impactar en las subastas de entidades intervenidas por el Estado y con participación pública en su capital en la medida en que los posibles interesados en acudir a las adjudicaciones reclamarán al Banco de España mayores coberturas contra pérdidas futuras de las previstas hasta ahora, dado que en paralelo habrán de afrontar un esfuerzo adicional en materia de provisiones.