Tras las tensiones de los últimos días, CiU y el PP volvieron a votar juntos rechazando la ley de estabilidad presupuestaria, una ley en la que los catalanes son más papistas que el papa. Por una parte entrará en vigor el 2018, dos años antes de que lo haga la ley española, y fija un tope de déficit del 0,14% para llegar al déficit cero en el año 2020. Además convergentes y populares acordaron que, en el improbable caso de que en algún ejercicio tengan superávit, se utilice para cancelar deuda. Esta ley contempla excepciones en la limitación del déficit en casos de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia.

Mientras la parlamentaria de CiU Maria Sensarrich consideraba que «la estabilidad es necesaria para ratificar el compromiso catalán con la reducción del déficit», el popular José Antonio Coto deducía que con esta ley «ya no se podrá mentir en el déficit como hacía el anterior gobierno del tripartito o como hace el actual que tiene más organismos públicos que diputados en la Cámara».

Los grupos de la izquierda aprovecharon el debate para comparar la nacionalización de Bankia con los recortes que sufren los ciudadanos.