El PSOE respeta la decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de no explicar nada. Y con independencia de que el miércoles alguien le pregunte en el pleno del Congreso por la decisión de nacionalizar Bankia –lo que, a tenor de las preguntas registradas, no está previsto–, los socialistas se conforman con que comparezca el titular de Economía, Luis de Guindos, y explique la situación “real, exacta y veraz” de la cuarta entidad financiera del país.

La faena de aliño deberá ser completada por la comparecencia de los anteriores gestores de la entidad –no sabemos si Fernández Norniella o el mismísimo Rodrigo Rato— y, por supuesto, por las explicaciones del supervisor, que supervisaba poco –no sabemos si el jefe de la inspección del Banco de España o el mismísimo gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que termina su mandato en junio.

Con esas peticiones de información por parte de la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, el principal partido de la oposición estima cumplida su misión de control parlamentario al Ejecutivo, al que exigirá garantías de que “el aporte de dinero público (para convertir en acciones los préstamos del FROB a Bankia) pueda ser recuperado por la sociedad”.

El ejercicio de oposición del PSOE –cuyo secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, recibe información aparte del ministro Guindos–, nada tiene que ver con la exigencia de una investigación en profundidad que ha planteado Izquierda Unida y ha sido automáticamente rechazada porque perjudicaría a la entidad, y para eso, los sectores del PP y del PSOE que colocaron a Rato, no necesitan apoyo.

Con un presidente silente y sin la menor gana de celebrar el debate sobre el estado de la nación, pues en julio, a los ocho meses de gobierno, sólo podría exhibir el deterioro de la situación; con el caso de Bankia encapsulado, y con los miles de jóvenes indignados en las cercanías del Congreso, se comprende que los principales puntos del día del pleno de esta semana, primero del mes de mayo, sean los decretos para acabar con el “turismo sanitario” –y, de paso, negar la sanidad a los inmigrantes sin papeles— y para dirigir la televisión pública desde el Gobierno.