Cuando Mariano Rajoy abandonó el Congreso de los Diputados, a las 9:20 de la mañana del miércoles, después de responder a tres preguntas de la oposición, la prima de riesgo había llegado a 500 puntos. El presidente tenía mala cara. Lo notaron hasta sus compañeros. El riesgo de que los interventores de la Unión Europea agarren las riendas del país es cada vez más elevado. Aun así y todo, Rajoy se permitió una ironía al contestar a Rosa Díez, que consideró tan fracasados a los del PSOE como a los del PP. “Todos somos muy malos; menos mal que la tenemos a usted, que es estupenda”, le dijo.

Al portavoz del PNV, José Erkoreka, le hizo saber que es mejor una Comisión Nacional de Mercados y la Competencia que las 8 sectoriales. La decisión del Ejecutivo es liquidar esas comisiones, con un ahorro apreciable en sedes y grandes sueldos de consejeros, que pasarán de ser 59 a sólo 9. Según el presidente, la coherencia es una exigencia frente a la divergencia entre distintas comisiones, la inseguridad jurídica y la dilación.

Pero cuando Rajoy demostró su verdadero talante huidizo fue ante la petición de diálogo económico y social que le formuló el dirigente del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. El presidente reprochó al oponente la falta de apoyo a la ley de estabilidad presupuestaria, y por un momento se vivió una situación inversa a la legislatura pasada, cuando el PP pedía diálogo y Rodríguez Zapatero se llamaba Andanas. Después el PSOE comenzó a reprochar la falta de apoyo del PP ante el riesgo de intervención. Entonces la prima de riesgo andaba por los 300 puntos.

¿De qué quiere hablar Rubalcaba con Rajoy? Pues, como ya dijo el secretario general del PSOE la semana pasada, cuando Rajoy le contestó con “displicencia”, de la conveniencia de un gran pacto sobre la política económica, la recuperación, el crecimiento, la reforma de la administración, los servicios públicos y la reforma financiera. Más por cortesía que por convicción, el presidente le contestó: “Estoy dispuesto a hablar con ustedes”.

Cierto es que minutos después, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó claro ante una interpelación del socialista Valeriano Gómez que no hay nada que negociar, pues no está dispuesto a reconsiderar los recortes de los servicios públicos, la supresión de los derechos sociales ni, por otra parte, la amnistía de las cuotas defraudadas a la Seguridad Social, algo que, como destacó Gómez, es la primera vez que ocurre en la historia de España.

La política de liquidación de los servicios públicos, que será refrendada mañana por la mayoría del PP al votar los decretos correspondientes, no es negociable porque, según Montoro, el problema de este país es el “pasivo”, no el paro. Seguro que reduciendo derechos a la sanidad y la educación y bajando los salarios, el endeudamiento neto de la economía española baja del 90% del PIB y recuperamos el equilibrio. Al menos, eso cree el ministro. Pero hay un problema: el sistema del Estado del Bienestar se construyó con la sangre y el sudor de los trabajadores, y no se van a resignar a que lo desmantelen.