Al grupo Petersen del empresario argentino Enrique Eskenazi, que es propietario del 25,4% de las acciones de YPF y que ha sido socio de Repsol hasta la expropiación del pasado 16 de abril del 51% en manos de la empresa española, se le agravan los problemas económicos. El incumplimiento de sus obligaciones financieras ha culminado con el impago ayer de un vencimiento de alrededor de 400 millones de dólares a un grupo de bancos. Y hoy ha anunciado ya oficialmente su decisión de dejar de pagar los créditos con los que adquirió un 25,4% de YPF en una carta remitida por un directivo del grupo, Mauro Dacomo, a Repsol y a los agentes colaterales encargados de los préstamos.

La situación en la que entra la sociedad de los Eskenazi es de hecho un default, por lo que los acreedores comenzarán a tomar las medidas pertinentes con la reclamación de activos y la ejecución de los débitos. En esta línea, un grupo de bancos internacionales podrá quedarse en los próximos días con las acciones del Grupo Petersen en YPF. El consorcio bancario que estaría dispuesto a hacerse con los títulos, incluidos los derechos políticos, está liderado por Credit Suisse, y de él también forman parte BNP, Goldman Sachs, Citi, Santander e Itaú. Estas entidades concedieron un préstamo de 1.018 millones de dólares para comprar el 14,9% de las acciones. El resto del capital lo adquirió con financiación de Repsol por 1.600 millones de dólares. Pero dada la difícil coyuntura que atraviesa la petrolera argentina, uno de los problemas a los que se enfrenta la toma de la participación por parte de la banca acreedora es la fuerte caída de la cotización de YPF, que se ha llegado a dejar un 60% en Bolsa.

La entrada de los Eskenazi en YPF se produjo de la mano del expresidente Néstor Kirchner que deseaba un socio argentino en YPF. Repsol facilitó la operación con la venta de una parte de sus acciones y con apoyo financiero, del que ahora tiene que hacerse cargo. Posteriormente las buenas relaciones entre el Ejecutivo de Buenos Aires y el empresario argentino se truncaron. Al grupo Petersen le ha perjudicado gravemente la decisión, propiciada por el representante del Estado en el consejo de YPF, de no repartir dividendos en cash que se produjo poco antes de la expropiación. El grupo destinaba los dividendos que recibía de YPF al pago de  la deuda, también en el caso del préstamo otorgado por Repsol.

A este caos se unen los problemas legales que empiezan a acumularse a los actuales responsables de  YPF. Repsol e inversores institucionales promueven acciones legales para reclamar en Nueva York que YPF lance una opa por el 100% del capital. Por otro lado, la expropiación podría disparar otras reclamaciones por parte de los tenedores de bonos  por más de 1.00o de dólares. La empresa admite que busca un acuerdo por parte de estos inversores para evitar problemas de liquidez.