Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) anunciaron este miércoles que  estudian denunciar ante el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, «la falta de acción del del Banco Central Europeo» (BCE) por considerar que «esta falta de compromiso contribuye a aumentar el coste financiero de los ciudadanos y empresas españolas», lo que «perjudica la recuperación y la competitividad de nuestra economía». Sólo en la subasta del Tesoro de hoy la emisión de deuda pública ha supuesto un sobrecoste anual de 49,3 millones de euros.

Según los tecnicos de Hacienda, las dificultades de acceso a la financiación y su mayor coste hace muy difícil competir a las empresas españolas con sus homólogas europeas, por lo que «instan al BCE a que cumpla con su función garantizando la deuda pública de algunos países europeos sometidos a fuertes tensiones especulativas, cuyas primas de riesgo traspasan a ciudadanos y corporaciones».

En este sentido, Gestha insta a las autoridades europeas a modificar de manera urgente los estatutos del Banco Central Europeo para que pueda adquirir Deuda Pública de los Estados miembros en el mercado primario, lo que rebajaría de manera directa su precio de emisión, algo «muy necesario» en las circunstancias actuales. A j

A juicio de Gestha esta opción permitiría aprovechar los recursos disponibles de manera más efectiva que en el mercado secundario, al que se acude actualmente, puesto que los tipos de interés de las emisiones anteriores de Deuda fueron fijados en las respectivas adjudicaciones y son inamovibles.

Medidas contra la especulación

Mientras se alcanza este acuerdo para que el BCE modifique sus Estatutos, Gestha propone, en primer lugar, que la entidad adopte mecanismos que desincentiven la compra de deuda soberana a tipos mayores a los que el propio organismo fije como referencia, de manera que el tipo de descuento ofertado por el BCE a cada entidad financiera venga en función del precio al que ha adquirido en las últimas subastas en el mercado primario de deuda soberana.

En segundo lugar, pide al Consejo y al Parlamento europeo que aprueben las propuestas de la Comisión Europea sobre las agencias de calificación crediticia (CRA) y que, entre otras cosas, exigirían a las agencias de rating lo siguiente: conocer las razones que motivan las calificaciones soberanas y acceso público al informe completo; notificar a los emisores los motivos principales en los que se basará la calificación, al menos un día hábil antes de su publicación, para que los emisores y los países puedan responder a la agencia de calificación; más transparencia y menos dependencia de los inversores privados o institucionales en las calificaciones; las agencias de calificación crediticia no emitirán calificaciones por un período de más de tres años de un mismo emisor y se establecerá una regla de rotación y los inversores podrán demandar a una agencia de calificación crediticia que, con dolo o negligencia grave, no respeten las obligaciones establecidas en el Reglamento de CRA, causando daños a los inversionistas. La carga de la prueba correspondería a las CRA.

En tercer lugar, los Técnicos de Hacienda proponen a las autoridades comunitarias la creación de una agencia de calificación europea cuya actuación se rija por criterios de transparencia e imparcialidad; todo ello sin perjuicio de una mayor regulación y supervisión de las grandes agencias existentes actualmente, que incluya la suspensión de las calificaciones soberanas en determinadas circunstancias (por ejemplo, a países acosados o reestructurados) para garantizar la estabilidad de los mercados financieros, cuya aprobación la Comisión europea ha aplazado.

En cuarto lugar, solicita que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) inste a la Autoridad Europea de Mercados Financieros (ESMA) a que prohíba las operaciones en corto sobre la Deuda Pública y los valores entidades financieras y estratégicas, dado que la suspensión aplicada a este tipo de operaciones sobre entidades bancarias en el segundo semestre de 2011 tuvo unos efectos muy positivos sobre las entidades protegidas.

El retraso en la aprobación y puesta en práctica de estas medidas ocasiona según Gestha un coste excesivo del endeudamiento de los Estados, y está limitando e incluso compensando las medidas de austeridad que se están aprobando para reducir el déficit, del tal forma que «lo que por un lado se ahorra con recortes y otras medidas de austeridad, por otro lado se gasta con el aumento del coste de la deuda».