La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones medirá el grado de adaptación de las aseguradoras españolas a Solvencia II, una normativa europea que fija los requerimientos de capital en función de los riesgos y que debe entrar en vigor en 2014. La directora general, Flavia Rodríguez-Ponga, aprovechó la asamblea general de Unespa (en la que se presentó también la Memoria Social del Seguro) para anunciar que remitirá a las aseguradoras un «cuestionario de autoevaluación» la próxima semana, y que debe servir para que “cada entidad haga una reflexión del punto en el que se encuentra» en la adaptación a Solvencia II. Los cuestionarios, que se deberán remitir completados antes del 30 de junio, permitirán a la Dirección General de Seguros medir el grado de avance del sector en cuanto a Solvencia II.

Flavia Rodríguez-Ponga puso fechas a la avalancha normativa: la Ley de Contratos de Seguros estará terminada en julio, con el objetivo de iniciar lo antes posible la tramitación parlamentaria; el anteproyecto de Ley de Seguros Privados, analizado por la Junta Consultiva el pasado 8 de mayo, y volverá a pasar por ésta también en julio. Insiste en que  que «todas las normas se desarrollen de manera equilibrada«, para que sean «asumibles por las compañías«. Y recuerda que la Dirección General de Seguros está «abierta a cualquier sugerencia«.

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos (que fue directora general de Seguros en anteriores Gobiernos del PP), critica que Europa no lance un último cuestionario de impacto sobre Solvencia II. E invitó al sector a participar en el examen de Seguros, que “servirá no sólo para testar la fórmula con datos de cierre de 2011, sino también como ejercicio interno de adaptación” de cada compañía. La patronal, además, prepara “una hoja de ruta” para facilitar la implantación de Solvencia II.

Pilar González de Frutos recuerda que no sólo está Solvencia II, y que al sector se le acumulan los deberes: la Directiva de Mediación, los modelos de transparencia que prepara Eiopa (el supervisor europeo de seguros) como complemento al reporting de Solvencia II, la Ley de Supervisión, que califica como “la ley marco de la actividad aseguradora del siglo XXI”, el Baremo de Autos y la Ley de Contrato de Seguros.

En su intervención ante la asamblea, la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, lanzó un claro mensaje de advertencia: “Cuando las crisis son largas, el deterioro acaba también afectando a nuestra esencia anticíclica, que hasta ahora ha producido resultados en nuestra actividad mucho mejores que los del conjunto de la economía”. Considera “preocupante” la situación de sectores como el automóvil, la vivienda, la construcción o la industria, pero más la debilidad de la renta disponible de las familias y la evolución del empleo.

Cobertura pública con prestación privada

En referencia a la Memoria Social del Seguro, que hace especial hincapié en las inversiones del sector, en Salud y en las víctimas de accidentes de tráfico, la presidenta de Unespa señala que “además de atender la salud de los funcionarios, ya hay un millón de ciudadanos que reciben su cobertura pública por parte de aseguradores privados”. “El paciente lo que quiere es ser atendido, y digan lo que digan algunos que quieren estirar sus propios privilegios, al paciente no le importa el logotipo que tenga el centro de salud donde es atendido, si es de una compañía de seguros o si pone Consejería de Salud”, razona.

Más de diez millones de españoles tienen un seguro de Salud. El coste medio por persona al año en el sector privado es de 700 euros, muy inferior a los 1.200 euros que calculan algunas comunidades autónomas, por su mayor eficiencia. La presidenta de Unespa admite que la salud en España “es de doble pago porque salvo los colectivos de funcionarios estatales los ciudadanos pagan vía  impuestos su sanidad pública y, además, su sanidad privada si optan por ello”, pero que en ese contexto “el seguro desempeña un importante papel como gestor de la salud, ya que no solo ofrece el servicio sino que, además, indirectamente, contribuye a la sostenibilidad del modelo público mediante un menor consumo”. “Cada día, 160.000 personas acuden al médico con su cobertura privada de salud”, añade. Y cada día se producen 354 hospitalizaciones por parto, lo que equivale a que uno de cada cuatro nacimientos en España se produce en centros de salud gestionados por aseguradoras.

Las víctimas de la víctima

La Memoria Social del Seguro señala que “todos los días hay víctimas mortales” de accidentes de tráficos, que en la mitad de los casos anda de por medio el alcohol, que no hay una “pauta de estacionalidad clara”, salvo en agosto, lo que permite incidir “en la necesidad de mantener la prevención durante todos los días del año”. Este año se ha analizado el rol familiar de la persona que pierde la vida en un accidente de tráfico, lo que llama “las víctimas de la víctima”.

El 51,3% de los fallecidos deja viudo/a (con o sin hijos). Otro 4,5%, sin cónyuge, deja menores de edad huérfanos. El 55,8% de los fallecidos rompen un hogar. El 24,69% son jóvenes con padres, y el 5,23%, con hermanos.

Si se toma como referencia las indemnizaciones por fallecimiento, el 47% de los beneficiarios son los hijos, y el 10% son menores de edad. En uno de cada tres fallecidos, son los padres, lo que “sugiere que muchas de las víctimas son jóvenes”.

Si no hubiera seguro de Autos, 3.650 familias españolas tendrían que pagar las consecuencias de un accidente de tráfico con entre el 25% y el 50% de su patrimonio; 1.612, con entre el 50% y el 75%, y unas 1,500 lo perderían todo.

Inversiones a más de diez años

Al mismo tiempo, la Memoria Social del Seguro destaca que el sector tiene inversiones por 214.000 millones de euros. Un tercio de ellas está en deuda pública española “con vocación de permanencia”, ya que uno de cada dos euros se encuentra invertido a diez años o más. Esta inversión del seguro en deuda pública permitiría financiar la construcción de 235 hospitales o de 4.750 kilómetros de AVE.