Pese a los esfuerzo del Ejecutivo de Mariano Rajoy por sumar algún apoyo en la convalidación del texto legal, los portavoces de PSOE, CiU, PNV, IU, UPyD, ERC y Mixto han reprochado al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que el texto normativo se haya tramitado por decreto y no mediante proyecto ley, al tiempo que han censurado la «falta de diálogo» con los distintos sectores que forman la comunidad educativa, autonomías y universidades para aprobar estas medidas.

Así, el diputado socialista Mario Bedera (ex secretario de Estado de Educación y Formación Profesional con el anterior Gobierno) ha afirmado en relación con el real decreto que se trata de una norma para «recortar recursos humanos y materiales» y ha vaticinado que con la aplicación de medidas como las referidas al  aumento de las horas lectivas del profesorado o al incremento de hasta el 20% del número de alumnos por aula se va a producir el «despido de 40.000 profesores». Sus cálculos estiman que se van a recortar 464 millones de euros en sueldos y otros 840 por el aumento de horas lectivas.  Para Bedera, en cinco meses de gobierno popular se han recortado  4.886 millones de euros, una media “de 1.000 millones por mes”. El diputado socialista ha pedido al ministro un «gran acuerdo» sobre el déficit que permita «mantener el Estado de Bienestar», porque “nos estamos jugando el futuro», ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Educación de CiU, Martí Barberá, ha advertido de que este decreto supone la «laminación de las competencias de Cataluña» y ha asegurado que su aplicación en esta comunidad sólo supondrá un ahorro de 150 millones de euros, el 10% de lo que había estimado el Gobierno central.

«No estamos de acuerdo con este real decreto ley y tampoco con las formas que está afrontando los retos educativo el ministerio, interfiriendo en nuestras competencias», ha asegurado, al tiempo que añadía  que Cataluña, a diferencia del Gobierno central, está poniendo en marcha sus propias iniciativas en materia de enseñanza a través del «máximo diálogo» con la comunidad educativa.

La diputada de IU Caridad García Álvarez ha señalado que el decreto es una «declaración de guerra a la educación pública».

Para el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán la norma es «estrambótica y lamentable». A su juicio, el Gobierno trata de «cargarse» el modelo de la universidad española bajo criterios «estrictamente» presupuestarios, de «forma apresurada» y «hurtando a la Cámara de un debate sosegado». También ha reprochado al Gobierno que no haya valorado otras alternativas como un plan de fusiones del sistema universitario o que no ponga freno al «derroche» de 17 sistemas educativos distintos.

La portavoz de Educación del PNV Arantza Tapia, se trata de una ley de «recentralización y recorte», que se ha planteado de una forma «unilateral y sin acuerdo». Para Tapia, «lo peor» del decreto es la pretensión del Ejecutivo de «recuperar competencias» autonómicas, que, según ha dicho, «ningún Gobierno se había atrevido a realizar». Asimismo, ha acusado al ministro de querer que el País Vasco «pague lo de derroches de otros».

El resto de los portavoces han insistido en su rechazo al decreto con distintos argumentos.
“Medidas extraordinarias”

El ministro Wert ha defendido que las medidas del decreto son  “extraordinarias para un momento extraordinario», ya que entiende que permiten dotar a las comunidades autónomas de una mayor «flexibilidad» cumplir con el objetivo de déficit público. El titular de Educación se ha justificado en el desvío de 26.000 millones de euros en el déficit nacional de 2011 sobre las previsiones del gobierno anterior.  Ha añadido que esta situación, «más difícil que lo previsto», ha obligado a incluir entre las medidas «algunas más dolorosas» de lo que al Gobierno le hubiera gustado.

Entre otras medidas de la enseñanza no universitaria, el máximo de alumnos por aula de centros públicos y privados concertados podrá aumentar un 20% (30 en Primaria y 36 en Secundaria) .

El profesorado de la Educación pública y concertada en Infantil y Primaria tendrá un mínimo de 25 horas lectivas semanales, y de 20 en las otras enseñanzas. Las sustituciones transitorias de profesorado titular se producirán sólo a partir del décimo día lectivo de baja, tanto en centros públicos como concertados. Se establece un aplazamiento de los ciclos de 2.000 horas de FP al curso 2014-15, y los centros no tendrán que ofertar como mínimo dos de las modalidades de Bachillerato.

En las universidades públicas, los alumnos pagarán en primera matrícula entre el 15 y el 25% del coste real de su formación,  según decida cada comunidad. Esto supone hasta mil euros de subida en los estudios de Grado. El incremento de la segunda y siguientes matrículas en unos mismos estudios por los repetidores será progresivo hasta llegar a cubrir todo el cien por cien del coste de las enseñanzas. Las cuentas de las universidades se regirán por el principio de estabilidad presupuestaria, con un máximo de gasto que no podrán sobrepasar.

Además, se limita la incorporación de personal de nuevo ingreso en las universidades y se readapta el régimen de dedicación del profesorado a la producción investigadora.  Las autonomías racionalizarán también el número de titulaciones de Grado y podrán establecerse límites de alumnos para autorizarlas.

Varias comunidades han anunciado ya que aplicarán una subida mínima en el precio de sus matrículas y los rectores han advertido de los riesgos de un incremento como el propuesto para las economías más débiles, lo que quebrantaría el principio de igualdad de oportunidades, ya que no se acompaña la subida de una política generosa de becas y ayudas.