Junto a la política de recortes y reformas para alcanzar el objetivo del 5,3% de déficit este año, las otras áreas del Gobierno siguen con los planes anunciados durante la campaña electoral. Uno de sus objetivos, ante un problema de difícil solución, es zanjar el problema de los horarios comerciales, ahora competencia de las comunidades que muestra toda diversidad de opciones, dependiente de la parte del territorio de que se trate. De momento, el primer paso es eliminar las licencias municipales para la apertura de pequeños comecios cuya superficie sea inferior a los 300 metros cuadrados, según ha confirmado el  secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, quien también ha anunciado futura ley de unidad de mercado estará finalizada en las próximas semanas.

García-Legaz, que asistió a la asamblea de la patronal de supermercados (Asedas), aseguró que tanto la eliminación de las licencias municipales como la ley que regulará la unidad de mercado serán aprobadas «en cuestión de días», mientras  explicó que la eliminación de las licencias viene a sustituir un régimen de control administrarivo «a prioiri» por un sistema «a posteriori», lo que en su opinión representa un «enorme paso adelante» para el pequeño comercio, la creación de tejido empresacial y de empleo.

No obstante, el Ejecutivo todavía deja abierta su decisión a lo que hará sobre el problema de la libertad de horarios comerciales. En este sentido, García-Legaz confirmó que se está intentando buscar el mayor consenso entre todas las partes afectadas, desde las autonomías a los sectores afectados. También se está trabajando en algún tipo de regulación sobre el comercio electrónico, cuyo auge es imparable.

Próxima a estos postulados se encuentra también la futura Ley de Unidad de Mercado, que este jueves la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha dado su visto bueno para que un grupo de trabajo comience a elaborar la norma, y cuyo objetivo será eliminar las barreras interiores (entre comunidades) que existen a la libertad de circulación de bienes y servicios por la diversidad de normativa existente. García-López reconoció que el país no se puede permitir el lujo de tener un mercado de 47 millones de consumidores «fragmentado en 17 submercados autonómicos», con distintas regulaciones, que llegan a menoscabar el principio de unidad de mercado fijado en la Constitución.

Como posibles soluciones, el Gobierno trabaja en la idea de acabar con este problema de fragmentación que nada más sirve para incrementar el coste a las empresas, disuadir a los emprendedores y a la inversión extranjera. No obstante, García-Legaz aseguró que el nuevo ordenamiento respetará las competencias de comunidades y ayuntamientos. De esta forma se eliminarán barreras y se apostará por la colaboración, ya que un mercado dividido «perjudica a todos».

Primeras protestas

Ante la posibilidad de que el Gobierno decida, finalmente, aprobar la libertad total de horarios comerciales, el presidente de la patronal de los supermercados (Asedas), José Pedro Pérez Llorca, ya ha lanzado un mensaje al Gobierno al asegurar que porque se abran más días no se va a aumentar el consumo, pero sí los «costes» del sector, que solo se pueden compensar aumentando precios o reduciendo márgenes. Y mostró su disposición a colaborar con el Gobierno para que la decisión no perjudique a los pequeños y medianos comercios y, al mismo tiempo, se garantice la competencia y la elección del consumidor.

Como alternativa, Pérez Lorca apuntó que en estos momentos más que la apertura de los domingos, el principal problema para su sector es el «calendario irracional de fiestas laborales entre semana». Por ello, pidió que se busque un sistema que racionalice este asunto.

Otra de las cuestiones que preocupa al sector es la anunciada subida de impuestos, que contrarrestará los esfuerzos por reducir márgenes que el sector está aplicando desde que comenzó la crisis. Por ello pidió, que se acompañe la subida del IVA cun una rebaja «importante y significativa» de las cotizaciones

Madrid, los comerciantes en armas

Pero la asamblea de Asesdas no ha sido el único foco de peticiones de este jueves por parte de los comerciantes. El Foro de Empresarios de Comercio Urbano (Fecur), que representa a 70.000 comercios, ha pedido que la Comunidad de Madrid devuelva al Estado las compentencias de comercio, dentro del Plan de Recentralización de competencias que defiende la presidenta Esperanza Aguirre, que pide la devolución de las competencias de sanidad, educación y justicia.

Esta patronal considera que la libertad total de horarios en Madrid va en contra de la unidad de mercado que defiende el Gobierno. Fecur denuncia la «desigualdad» que generará si se aprueba la liberalización de horarios solo en Madrid. Estos comerciantes recuerdan que desde que en 2006 comenzó a introducirse la liberalización del sector en la comunidad se han perdido 4.458 locales, mientras que entre 2007 y 2010 el empleo descendió un 4,27%. Como ejemplo ponen autonomías como Castilla y León, Baleares o Navarra, con una política de horarios más restrictiva, en las que se ha incrementado el empleo entre el 15,37 y el 3,67%.