Este decreto ley, que ha salido adelante con 193 votos a favor de PP y CiU –que ya lo habían anunciado durante el debate–, y de UPN y Foro de Asturias, frente a los 122 votos en contra del resto de grupos parlamentarios, fue aprobado el 20 de abril por el Consejo de Ministros y permite elegir al presidente de la Corporación y renovar a los miembros del Consejo por mayoría absoluta.

Según los cálculos del propio Ejecutivo en la memoria económica que acompaña a dicho decreto, este medida prevé un ahorro para las arcas del Estado de 1,25 millones de euros anuales.

A partir de ahora, los presidentes del Congreso y del Senado podrán abrir un plazo para que los grupos parlamentarios propongan nombres para los cinco consejeros que quedan vacantes en el Consejo de Administración de RTVE y lo comuniquen a las respectivas Mesas.

De hecho, están pendientes de renovación, además del presidente, otros cuatro consejeros. Todos los nombres, cuya distribución entre grupos tendrá que ser negociada, pasarán por la Comisión de Nombramientos del Parlamento, que determinará su idoneidad.

De recibir el visto bueno, serán sometidos a votación en el Pleno del Congreso. En una primera ronda, se buscará aprobar los nombres por mayoría de dos tercios. En caso de no conseguirse, 24 horas después se podrá celebrar una nueva votación, en la que la aprobación se conseguiría con mayoría absoluta, por lo que el PP podrá sacar adelante sus propuestas en solitario.

Hasta la aprobación de esta medida, según la normativa de 2006 de RTVE, la elección del presidente de la Corporación era consensuada por una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara Baja, es decir, de un acuerdo entre el PP y el PSOE.

Este decreto aprueba la disminución de tres miembros del Consejo de Administración, que pasa de 12 a nueve miembros, una medida que supone un ahorro de 342.000 euros brutos anuales, teniendo en cuenta que la retribución anual bruta de los miembros del Consejo para el año 2012 asciende a 114.000 euros.

«Con este decreto se garantiza la independencia de la entidad y que la elección siga siendo parlamentaria, basada como desea el Gobierno, en el consenso y el acuerdo. Por tanto, el Gobierno quiere seguir buscando ese consenso en la elección del presidente de RTVE. Queremos una televisión pública de calidad, que cumpla su servicio público y una gestión eficiente y profesional», ha defendido el ministro del ramo en el Congreso, José Manuel Soria.

Así, ha insistido en varias ocasiones en que la voluntad del Gobierno es consensuar la elección del presidente de la Corporación, y ha reiterado que el objeto del decreto es «desbloquear» la renovación de RTVE, dado que la actual situación de presidente rotatorio impide tomar decisiones ejecutivas, como la aprobación de las cuentas anuales de la Corporación.

Igualmente, ha añadido que la situación está paralizada desde julio de 2011, mes en el que Alberto Oliart renunció a presidir la Pública, tiempo en el que varios miembros del Consejo y de la Televisión presentaron su dimisión, a la vez que ha caducado el mandato de otros.

A partir de este decreto, Soria ha comentado que las radios tendrán derecho a entrar de forma libre en los estadios deportivos, medida que a su juicio responde «al derecho de la información». Con ello, se modifica la Ley de Comunicación Audiovisual, si bien las radios tendrán que abonar los gastos de entrada y de uso de instalaciones, en acuerdo con los clubes de fútbol.