Decir que los hombres nacen iguales en dignidad y derechos y que deben comportarse fraternalmente los uno con los otros, como dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, no constituye ninguna novedad para quienes beben de la tradición cristiana o se inspiran en postulados ideológicos próximos al marxismo. Sin embargo este enunciado  teórico se enfrenta en la realidad con las diferencias de origen familiar, económico, social… que lo dificultan en la práctica. Por ello, a lo largo de un complejo proceso, el Estado vino a asumir el papel de corrección de las desigualdades y de creación de un sistema de igualdad de oportunidades.

Tanto Partidos Socialdemócratas como Cristianodemócratas, alentados estos por la Doctrina Social de la Iglesia, que, por cierto, ha sido barrida del mapa, pusieron en pie lo que se ha llamado Estado de Bienestar, que se apoyaba principalmente en la equidad y trataba de hacer realidad la igualdad de oportunidades facilitando  el acceso a la educación y la protección de la salud, además de consagrar otros derechos sociales.

Esta concepción hizo posible que Europa conociera durante décadas períodos de prosperidad, riqueza y bienestar, difícilmente concebibles con anterioridad. Cierto es que el sistema siempre tuvo sus críticos, pero en plena guerra fría se toleraba como válvula de seguridad necesaria para tranquilizar a las masas y desmontar los cantos de sirena de la propaganda soviética.

Con la caída del muro de Berlín y el  punto final a un mundo bipolar, los ultraliberales arreciaron en sus criticas al Estado de Bienestar y dirigieron su artillería contra el papel del Estado. Ahora, con la crisis económica, unas aparentes recetas técnico-económicas encubren unos contenidos ideológicos innegables y, con el pretexto de corregir el déficit y favorecer la recuperación económica, se dirigen a desarmar y desmantelar el Estado y, con él, los derechos sociales conseguidos con tanto esfuerzo. Y esto precisamente en el momento en que, justamente por la crisis, el papel del Estado resulta más necesario.

Acaban de aprobarse importantes recortes en educación y sanidad, que además del daño que causan por su falta de equidad y justicia, minan enormemente la moral, la confianza y la esperanza de la ciudadanía. Además, su eficacia para contener el déficit resulta dudosa más allá del efecto de dejar sin trabajo a miles de trabajadores de la educación, la sanidad o empleados públicos, a los que no se renovarán sus contratos y que , de esta forma, dejarán de cobrar un sueldo por trabajar para cobrar un subsidio de desempleo por no hacerlo.

Con más de cinco millones y medios de parados, millones de trabajadores mal pagados y en condiciones precarios y, cuando sobre el resto se cierne la más negra incertidumbre, no es de extrañar que el consumo privado de desplome y que vivamos una crisis de demanda.

En estas condiciones esperar que la iniciativa privada invierta y tire del carro es una ilusión vana, especialmente en un país donde los auténticos empresarios se cuentan con los dedos de las manos y la gran floración de hombre de negocios de los  buenos momentos, prestos a especular y a hacer dinero fácil, rápidamente y sin riesgos, prefieren los cómodos paraísos fiscales.

El tejido de pequeñas empresas, de autónomos, etc., poco pueden hacer cuando el público no compra sus productos y servicios y las grandes empresas y las Administraciones se han quedado a verlas venir.

Querámoslo o no, nos guste o no nos guste, el Estado, las distintas Administraciones, con su iniciativa y su capacidad de compra son las únicas que pueden cebar la bomba y poner el país a trabajar, eso sí eligiendo con cuidado el destino de cada euro para que sea realmente productivo y erradicando despilfarros innecesario.  Invertir, crear actividad para aliviar el desempleo, para que las empresas trabajen, para  recuperar  la autoestima, para generar confianza y esperanza… Recuperar el crecimiento y aumentar los ingresos es la mejorar forma de controlar el déficit y de satisfacer a nuestros deudores.