Los recortes se toman en una fría sala donde se reúne el consejo de ministros o en la sala de reuniones del consejo de gobierno de la Generalitat, pero los afectados de estas medidas provocan situaciones dramáticas y los afectados tienen nombres y apellidos .

“Això si que no, si nos recortáis nos abandonáis” es la pegatina que lucen numerosas paredes de ciudades catalanas. La decisión del gobierno de Madrid de recortar el recortar el 56% del presupuesto destinado a Políticas Activas de Ocupación en Catalunya que amenaza a dejar sin empleo a unos 2.500 discapacitados ha indignado a una parte importante de la población que considera que pese a la crisis, con esta medida se han rebasado unas líneas rojas que nunca debieron cruzarse.

El parque de la Ciutadella fue el escenario de la manifestación donde unas diez mil personas protestaron por esta medida. Como el recorte venía de Madrid, respaldaron con su presencia la protesta tanto e consejero de Bienestar, Josep Lluis Cleries com el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, amén de los líderes sindicales y las entidades que trabajan en la aluda de los discapacitados.

Estos recortes que atacan a las personas más vulnerables de la sociedad y que rompe la labor de muchas instituciones para integrar a los discapacitados en el mundo laboral y que ha logrado el apoyo tanto de los partidos de izquierda como de la derecha, la reducción de recursos podría dejar desatendidos 7.513 usuarios, 12.500 discapacitados podrían ser despedidos del mundo laboral, 473 profesionales de entidades sociales podrían ser despedidos y peligra la subsistencia de más de un centenar de entidades que se dedican a integrar a los discapacitados en el mundo laboral. Hay que destacar también la participación en estos proyectos de numerosas empresas que contratan a estos trabajadores y se benefician en contrapartida de algunas subvenciones que ahora peligran.

Si la indignación de muchos ciudadanos ante este recorte en concreto se une al malestar general. El domingo una nueva llamada a los automovilistas a no pagar los peajes fue seguida por unos tres mil conductores, según los responsables de autopistas, provocando en algunos peajes retenciones de hasta cuatro kilómetros. Los responsables de las autopistas han enviado los datos de los conductores rebeldes a los Mossos, quienes a su vez se han dirigido a los propietarios de los vehículos reclamándoles el nombre del conductor que se negó a pagar el peaje. Avisan que pueden ser sancionados con una multa de cien euros. Los responsables de la campaña “no vull pagar” (no quiero pagar) ya han mostrado sus dudas sobre la legitimidad de multar por no pagar un peaje.