En este sentido, ha asegurado que su retribución «quedó acordada por el consejo de administración, con informe favorable de la comisión de retribuciones, en la sesión que acordó mi nombramiento sin que yo lo conociera».

En concreto, ha puntualizado que su salario quedó fijado en lo que hasta ese momento cobraba el director general y ha añadido que se mantenía congelado desde el año 2008.

Amorós ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas, que trata de esclarecer el proceso que llevó a la intervención de la caja alicantina por parte del Banco de España.

La exdirectora de la caja también ha señalado que en noviembre de 2010 el presidente de la CAM, «facultado expresamente por el consejo de administración», suscribió con ella un anexo a los contratos firmados hasta el momento que por parte de Amorós suponía, según ha dicho, «una renuncia a derechos que tenía válidamente reconocidos».

Respecto al pago por despido a miembros del comité de dirección que se acogieron al Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ha aseverado que «fue calculado por los servicios técnicos y cerrado con la comisión de retribuciones de la caja»

En otro momento de su intervención y en respuesta a preguntas de los grupos parlamentarios, ha explicado que el Sistema Institucional de Protección (SIP) constituido por la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria se rompió «por las consecuencias que los nuevos requerimientos de capital fijados por Banco Base imponía».

A su juicio, «sostener que CAM manipuló y falseó resultados en una situación de permanente fiscalización externa y delegación de facultades a Banco Base resulta a todas luces inverosímil».

Durante su intervención, ha subrayado que ejerció la dirección de la caja con el objetivo principal de «desarrollar la estrategia de recapitalización», ya que era «la única vía posible para garantizar la pervivencia de CAM y de su obra social», ha resaltado.