El grupo financiero Bankia “será un proyecto viable y atractivo, con un enorme potencial de crecimiento”. Así lo aseguró la tarde del miércoles el ministro Luis de Guindos en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, tras enumerar el proceso que se seguirá para el saneamiento y “la transición ordenada para la privatización de la entidad”. De Guindos manifestó que la garantía de los depósitos es total y consideró “improcedente” extrapolar el caso de Bankia al conjunto del sistema financiero. Para refrendar sus palabras apeló a las conclusiones del último informe del Fondo Monetario Internacional sobre la resistencia de nuestro sistema financiero, según el cual, el 70% de las entidades aguantaría una situación crítica y el 30% restante, entre las que mencionó a Bankia, el 10% del sistema financiero, tendría dificultades. De Guindos justificó la nacionalización por esas dificultades “sistémicas”.

¿Qué hará el Ejecutivo? En primer lugar, confirmar a José Ignacio Goirigolzarri al frente de la entidad, con un equipo de “gestores independientes y de reconocido prestigio”. Bajo el control del FROB convertirá los 4.820 millones de euros que les prestó al 7% en acciones para garantizar la propiedad y el control del 45%. En tercer lugar, puesto que Bankia no puede aprovisionar los 7.100 millones que necesita con cargo a beneficios, el plan de viabilidad contemplará la aportación de esa cantidad de dinero del Estado a través del FROB, que controlará el saneamiento de la entidad y detentará el 45% del capital social de la matriz BFA. Así pues, será un banco controlado por el Estado con un proceso de saneamiento en marcha a partir del próximo 10 de junio, según estimó.

El ministro, que aseguró que el capital aportado permitirá a la entidad nacionalizada cumplir los requisitos de cobertura y solvencia, atribuyó la crisis sistémica de Bankia (un banco y 7 cajas de ahorros) a una situación muy determinada, derivada de un 40% de su cartera de créditos en el sector del ladrillo y la construcción. Tras la dimisión de Rodrigo Rato como presidente, al no poder presentar los resultados de la auditoría exigida por el Banco de España y la CNMV, el Estado aseguró su capital en el BFA transformándolo en acciones. Pero la falta de diligencia en la gestión de la crisis, criticada por todos los portavoces, provocó no sólo el hundimiento en la bolsa sino también la desconfianza en el conjunto del sistema financiero. En ese sentido, el catalán Joseph Sánchez Llibre descalificó abiertamente al ministro por “un proceso de nacionalización atípico, al margen de los cauces establecidos y con el mercado en funcionamiento, lo que ha llevado a una escalada de la prima de riesgo de más de 500 puntos, en perjuicio de la deuda soberana y de todos los ciudadanos”.

Pero fue el socialista Valeriano Gómez quien con mayor énfasis cargó contra la política errática que infló la burbuja inmobiliaria con la construcción de más de siete millones de viviendas antes de 2007, con un incremento de los precios que impedían el acceso a las mismas y con una financiación externa y a corto plazo que ha provocado que ha conducido a las dificultades actuales”. Gómez arremetió contra los directivos bancarios e, indirectamente, contra el supervisor. “Si al menos se dedicaran a dar ejemplo no tendrían el desprecio de la ciudadanía. Pero no ocurre así. Se llevan unas remuneraciones indignas y han de exigirse responsabilidades”. En referencia a Rodrigo Rato, afirmó: “Se desvanecen los mitos” y responsabilizó a “la ligereza” del gobierno de Aguirre y del Ayuntamiento del alcalde Gallardón, a los que no citó, de la mala gestión de Caja Madrid. Finalmente pidió a De Guindos que “se ocupe personalmente de depurar las reponsabilidades, incluso penales, si las hubiere”, entre otras cosas por “el fraude intolerable” de más de 3.000 millones de euros a 150.000 afectados por las preferentes.