El nuevo contrato de emprendedores se mantendrá con vida solo mientras el paro supere una tasa del 15 por ciento, según recoge una de las enmiendas aprobadas este jueves en el Congreso con los votos a favor del Grupo Popular y CiU.

El PP y CiU han sacado adelante la reforma laboral en la Comisión de Empleo del Congreso remitiendo el proyecto al Senado tras incorporar casi medio centenar de enmiendas.

Tras un debate que se ha prolongado durante toda la jornada, PP y CiU han votado a favor de la reforma laboral con la inclusión de 20 enmiendas parciales y 27 transaccionadas, dando así luz verde a que el proyecto de ley pase al Senado para su debate definitivo.

Entre los cambios más destacados, figura la limitación del período de vida del contrato indefinido de emprendedores, que solo estará vigente mientras el paro supere una tasa del 15 por ciento.

Con esta enmienda, la reforma modera las generosas ayudas previstas por esta fórmula de contratación, muy criticada por su extenso período de prueba –un año- qeu permite al empresario despedir a un trabajador sin pagar ninguna indemnización.

La enmienda pone coto además al ahorro fiscal de 3.000 euros previsto para las pymes al contratar a jóvenes en paro. El contrato permite además a los trabajadores compatibilizar el cobro de una parte de la prestación con el de una nómina. También reduce el pago de cuotas de las empresas a la Seguridad Social hasta en 3.600 euros, cuando los contratos duren al menos tres años.

Otros cambios aprobados hoy delimitan las causas objetivas a las que se podrá acoger una empresa en caso de despido. El criterio se fija finalmente en la caída de  ingresos trimestrales en relación con el mismo trimestre del año anterior. También se ha aceptado la iniciativa de Foro de reducir de dos a un año el tiempo prórroga para los convenios caducados

El texto clarifica también las causas del despido por absentismo laboral, excluyendo de esta vía a los enfermos crónicos, graves o de cáncer.

El Gobierno vinculará finalmente el contrato indefinido para emprendedores y empresas de hasta 50 trabajadores a que el paro en España supere el 15 por ciento. Además, acepta la petición de CiU de que, cuando se cumpla un año de la entrada en vigor de la reforma laboral, se publique un informe de evaluación donde se analice el impacto de las medidas adoptadas.

También se modifica finalmente el criterio de despido por absentismo, ampliando el cómputo de las faltas al 5 por ciento de las jornadas hábiles anuales y excluyendo a los enfermos de cáncer, graves o crónicos.

Nuevas bonificaciones a los familiares de autónomos

Con el trámite de enmiendas, la reforma laboral incluirá nuevas bonificaciones por contratación, más allá de las ya anunciadas para el contrato de emprendedores. Así, los familiares de trabajadores autónomos que se den de alta en el RETA para poder colaborar en dichas actividades gozarán de una bonificación del 50 por ciento de la cuota de la Seguridad Social durante los primeros 18 meses de actividad.

En la misma línea, y también a instancias de CiU, los empleados del sector turístico, comercio y hostelería que mantengan los contratos fijos discontinuos durante los meses de marzo y noviembre podrán beneficiarse de bonificaciones del 50% en las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes, la recaudación conjunta de desempleo, el FOGASA y la aportación a la formación profesional. Esta medida se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2013 y, posteriormente, se evaluará su eficacia antes de decidir si se prorroga.

Para promover la contratación de calidad a personas con discapacidad, el PP ha propuesto a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el PNV, CiU y el PSOE la presentación, antes de un año, de un proyecto de ley de Promoción de la Inclusión Laboral del colectivo.

Además, se dará prioridad a estos trabajadores, así como a las víctimas de terrorismo o violencia doméstica, para acceder a puestos de trabajo de la misma empresa en otras localidades, y se permitirá a las comunidades autónomas hacer acciones de políticas activas de empleo adaptadas a los discapacitados o a los tejidos productivos de cada región con cargo a los fondos estatales, siempre y cuando estas iniciativas se enmarquen en los objetivos del Plan Anual Estatal de Empleo.

El Gobierno regulará asimismo un «nuevo marco de medidas estatales para favorecer la inclusión de discapacitados» y también deberá presentar una memoria sobre el gasto y resultados de las políticas activas de empleo, incluyendo un apartado de evaluación de la mejora del procedimiento de la formación en cuanto a la reducción de las cargas burocráticas, las rigideces del sistema y la incorporación de las pymes, ambas cosas a propuesta de CiU.

También se obligará a que la comunicación a las autoridades laborales de los despidos colectivos tenga que ir acompañada de «toda la información necesaria» pero no se obliga, sino que se deja a la decisión potestativa del empresario, a informar individualmente a los trabajadores de los despidos.