A nadie se le escapa la reducción de la actividad relacionada con el suelo y las promociones inmobiliarias tras el estallido de la burbuja en este sector. Aunque empezó a desinflarse hace cuatro años, en la actualidad la actividad inmobiliaria pública en Cataluña se ha visto reducida en un 80% a consecuencia de la crisis, lo que obliga a redimensionar las empresas públicas dedicadas al sector en busca de su sostenibilidad futura. Así, los actuales 496 empleados del Incasol quedarán reducidos a 293 a través de un ERE en el que sus afectados se reparten entre cargos de confianza y trabajadores. Así, esta empresa pública reducirá el número de cargos de 142 a 63 (-55%), mientras que el número de trabajadores pasará de 354 a 230 (-35%).

El director general del Incasol, Josep Anton Grau, ha comunicado hoy al comité de empresa esta decisión y le ha emplazado a una reunión que tendrá lugar el próximo martes, día 29, cuando está previsto que se presente el ERE ante el Departamento de Trabajo, según han confirmado fuentes del Incasòl. Se prevé que el ERE esté aprobado y aplicado en el plazo de un mes. La crisis ha hecho caer los ingresos por facturación del Incasol de 180 millones antes del estallido de la burbuja inmobiliaria a los 60 millones de euros previstos este año. Para agravar la situación, el Incasol arrastra un fuerte endeudamiento y pérdidas acumuladas.

Ésta es la primera empresa pública de la Generalitat que lleva a cabo una reducción tan drástica de su plantilla y se produce en el marco del tercer plan de ajuste de la administración catalana que el Govern anunció la semana pasada y con el que pretende ahorrarse 1.500 millones de euros.

Más EREs en empresas públicas

Hasta el momento, la Generalitat ha presentado un ERE en GISA, la empresa que controla las obras públicas del gobierno catalán, y otro en la Agencia Catalana de Cooperación, que afectó a medio centenar de personas en cada caso. Entre las empresas públicas que tienen más personal se encuentran GISA, la Agencia Catalana de Cooperación, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (TV3 y Catalunya Ràdio), la Agencia Catalana del Agua y el Incasol.

El gobierno catalán intentó ya recortar la plantilla del Incasol hace algo más de un año, en abril de 2011, cuando despidió a 19 empleados de manera individual, aunque se vio obligado a readmitirlos al ser declarados despidos nulos por un juzgado de lo social de Barcelona. El juez alegó en su sentencia que la Generalitat no podía despedir a empleados de sus empresas por motivos económicos porque las empresas públicas no persiguen el mismo fin de obtener beneficios que las privadas. La reforma laboral del Gobierno del PP facilita ahora regulaciones de empleo como la que llevará a cabo el Incasòl, pese a tratarse de una empresa pública.

Además del ERE en el Incasòl, la Generalitat prevé presentar otro de dimensiones que pueden ser similares y que afectará a la Agencia Catalana del Agua (ACA). El tercer plan de ajustes que el Govern aprueba en dos años pretende recortar 1.500 millones de euros, con medidas como la reducción de plantillas de empresas públicas, las privatizaciones de empresas y patrimonio y la aplicación de alguna nueva tasa, como una matrícula en la FP de grado superior de 360 euros por estudiante y curso.