Cinco son los capítulos principales en los que se ha fijado el informe de la Comisión Europea:

Reforma del mercado laboral

-La reforma aprobada en febrero por el Gobierno es insuficiente. El coste del despido en los contratos fijos sigue siendo demasiado alto en comparación con los temporales, lo que mantiene la segmentación del mercado de trabajo.

-Se debe suprimir la cláusula de revisión salarial automática en los convenios colectivos.

-La reforma de la negociación colectiva aprobada por el Gobierno en febrero de 2012 es un paso en la dirección reclamada» por la UE. «No obstante, no está claro si es bastante suficiente para afrontar los desafíos», señala el análisis de Bruselas sobre las reformas españolas.

-El Gobierno debe vigilar la aplicación de la reforma para verificar si los interlocutores sociales aprovechan las oportunidades de ajustar salarios y condiciones de trabajo. También reclama «revisitar las cláusulas automáticas ‘ex post’ de revisión salarial en los convenios colectivos, que el reciente acuerdo entre los interlocutores sociales se limita a congelar para el periodo 2012-2014».

-Es «excesivo» el periodo de dos años de ultraactividad para los convenios (una enmienda en el Congreso ha reducido a un año ese periodo) y expresa sus dudas por el sistema de arbitraje previsto en la reforma en caso de desacuerdo.

-En cuanto al resto de la reforma laboral, la Comisión cree que existe el «riesgo» de que las empresas usen el nuevo contrato con un periodo de prueba de un año como un «contrato temporal de facto con cero coste de despido», lo que socavaría los objetivos de la reforma.

-«El coste de despedir a un trabajador con contrato fijo sigue siendo alto en comparación con el de un contrato temporal», lamenta el Ejecutivo comunitario. Asimismo, la reforma «confía demasiado en incentivos fiscales para la creación de empleo que demostraron ser ineficaces en el pasado».

-Por lo que se refiere al sistema formativo, la Comisión denuncia que «España todavía carece de una estrategia global de educación y formación, incluyendo un plan completo de formación continua»

Ley de Estabilidad

-La Ley de estabilidad presupuestaria presentada por el Gobierno es un «paso positivo» pero insuficiente para controlar el gasto de las comunidades autónomas, a las que la Comisión Europea atribuye la responsabilidad de los desvíos en materia de déficit público de España en 2011. «La ley es un paso positivo, ya que obliga no sólo al parlamento nacional, pero también a los parlamentos regionales, a respetar la estabilidad presupuestaria», explica el Ejecutivo comunitario en su evaluación de las reformas españolas.

-«No obstante, la ley prevé un periodo de transición muy largo, hasta 2020. Es más, las partes preventiva, correctiva y coercitiva del nuevo marco presupuestario incluyen plazos relativamente largos y podrían ser insuficientes para garantizar una corrección a tiempo de desviaciones presupuestarias», resalta el Ejecutivo comunitario.

-Bruselas también critica que la ley no prevé la creación de una oficina presupuestaria «independiente».

IRPF y vivienda

-La Comisión Europea critica la subida del IRPF aprobada en diciembre por el Gobierno de Mariano Rajoy por considerar que va «en la dirección contraria» a las recomendaciones de la UE y ha reclamado la supresión de la deducción por vivienda que ha reintroducido el PP, recordando que contribuyó a crear la burbuja inmobiliaria.

-El capítulo de fiscalidad e impuestos es el que recibe una nota más negativa en la evaluación que realiza del Ejecutivo comunitario de las reformas emprendidas por el Gobierno español. «España no ha tomado ninguna medida para aplicar la recomendación» formulada por la UE el año pasado de revisar la eficacia de su sistema tributario, lamenta el informe de la Comisión.-

-«Por el contrario, los recientes aumentos temporales en los impuestos indirectos, introducidos el 30 de diciembre de 2011, van en la dirección contraria a la recomendación del Consejo, ya que aumentan aún más la presión fiscal directa y por tanto las trabas al crecimiento del sistema fiscal español», resalta Bruselas.

-En cuanto a la deducción por vivienda -suprimida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pero que Rajoy ha reintroducido para tratar de reactivar el mercado-, la Comisión considera que «reducir ventajas fiscales, como el trato fiscal favorable de la vivienda residencial (la deducibilidad de los pagos de intereses de las viviendas) aumentaría las bases fiscales y así ayudaría a mejorar la eficiencia del sistema fiscal». El Ejecutivo comunitario recuerda que este tipo de incentivos «elevaron la deuda de los hogares y alimentaron la burbuja inmobiliaria en España».

Otros ingresos y ayudas

Bruselas señala que los ingresos por los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol en España son «relativamente bajos», y lo mismo ocurre con las tasas medioambientales. En este sentido, el informe señala que «hay margen para aumentar los impuestos especiales sobre los carburantes para el transporte».

También reclama precisiones sobre cómo se va suprimir progresivamente la ayuda al sector del carbón de aquí a 2018. Y pide más tasas para fomentar el reciclaje de residuos, así como un aumento de las tarifas del agua. «En particular, las políticas de precios de algunas regiones dan pocos incentivos a los agricultores para reducir el uso del agua para el regadío», dice la Comisión.

Reforma bancaria

-La Comisión Europea considera que las reformas bancarias aprobadas por el Gobierno español cubren únicamente la depreciación de los activos inmobiliarios pero no tienen en cuenta posibles pérdidas por hipotecas y créditos a las pymes.

-En sus recomendaciones de política económica a España, Bruselas dice que «teniendo en cuenta el riesgo de estrés en la financiación bancaria, es necesario continuar reforzando la base de capital de los bancos».

-«Las medidas de reforma adoptadas en febrero y mayo de 2012 afrontan el legado de activos inmobiliarios, pero las vulnerabilidades relacionadas con otras exposiciones como créditos a pymes e hipotecas residenciales no se han abordado», destaca el Ejecutivo comunitario.

-Bruselas pide además al Gobierno que garantice que su respuesta política sea «coherente» con «las discusiones en marcha sobre nuevas propuestas para recapitalizar el sector financiero en la eurozona», pero no da más precisiones sobre si se refiere al fondo de rescate.

-«Los bancos españoles todavía tienen una gran exposición a los sectores de la construcción y la vivienda (que asciende a alrededor del 10% de sus activos totales consolidados en diciembre de 2011). Alrededor de la mitad de esta exposición es ya problemática y puede aumentar a medida que los promotores sean incapaces de vender sus activos y pagar», afirma la Comisión.

-Bruselas admite no obstante que las hipotecas suponen un «riesgo mucho menor para los bancos», ya que las problemáticas sólo son el 3%.

-El Ejecutivo comunitario admite además que la falta de financiación bancaria es uno de los principales problemas de las empresas españolas, así como el retraso de los pagos por parte de la administración pública, que se sitúa de media en 162 días, sólo superado por Grecia.

-Bruselas expresa algunas dudas sobre el plan de pago que prepara el Gobierno porque considera que «esta medida implica penalizar a los proveedores, que tienen que aceptar la no inclusión de los intereses y otros costes en el pago final, lo que va contra los principios» de la legislación europea en la materia.

-Además, se queja de que el Gobierno no le ha aclarado si «la reducción voluntaria de la cantidad debida se considerará un criterio para el pago prioritario».