«Pronto se hará una normativa adicional que permita incluir supuestos complementarios para alcanzar la cifra de 35.000 millones», dijo Beteta durante su comparecencia en el Senado para informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

El plan se dotó con 35.000 millones, a través de un crédito sindicado en condiciones ventajosas al que han podido recurrir las comunidades autónomas y los ayuntamientos para pagar esa deuda. Sin embargo, las primeras han pedido finalmente 17.000 millones y los segundos, 10.000 millones, por lo que quedarían disponibles otros 8.000 millones de euros.

En los pasillos del Senado, el secretario de Estado ha precisado algo más su anuncio. Su departamento estudia aceptar «nuevos supuestos» para que pequeñas y medianas empresas puedan cobrar nuevas facturas tanto de los gobiernos regionales como de entidades locales.

Para ello, se baraja ampliar el plazo en el que se emitieron esas facturas y aceptar las que se emitieron por la prestación de algunos servicios públicos de gestión indirecta cuya cobertura no se ha admitido.

Se estudia además atender la petición de alguna institución que tiene facturas pendientes de pago y que no ha podido saldar, pese a querer hacerlo, porque a su vez «ha sufrido retrasos en sus ingresos por otra administración», sin querer precisar nombres.

Nuevo plazo para los Ayuntamientos

La otra vía para ampliar este plan de pago a proveedores afectará exclusivamente a las entidades locales. Hacienda trabaja con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para dar un nuevo plazo a los ayuntamientos que quieran aprobar el correspondiente plan de saneamiento para sumarse a este programa y que no pudieron hacerlo en su momento.

Se trata de los 315 municipios a los que Hacienda les suspendió ese plan y de aquellos otros que, pese a tener la voluntad política de elaborarlo, no lo hicieron por falta de consenso en el pleno. A todos los demás municipios, los que según Beteta no han demostrado ninguna intención de cumplir esta exigencia, se les retendrá el 50% de la financiación estatal.

«Es mejor un plan saneamiento aprobado que tener que ir a una retención de la participación en los ingresos del Estado», dijo el secretario de Estado, para quien será así «más visible ese compromiso de la estabilidad presupuestaria».