El Gobierno llevará a la Audiencia Nacional el V Convenio Colectivo del sector de los derivados del cemento. Ningún convenio puede contravenir otra norma superior, ha alegado el ministerio de Empleo, que dirige Fátima Báñez. Una vez más, la colisión entre un convenio y la reforma laboral amenaza con terminar en la Justicia, como ya sucediera en febrero con el convenio de la construcción.

El ministerio dirigido por Fátima Báñez anunció el miércoles que impugnará ante la Audiencia Nacional los términos del convenio del sector de los derivados del cemento. El acuerdo se firmó el pasado 21 de febrero y en él estamparon su firma los empresarios de Fedece, Amehop y Fedcam y los representantes sindicales de CCOO y UGT.

El ministerio alega que lo firmado “podría vulnerar” un artículo del Estatuto de los Trabajadores que fue modificado recientemente por la reforma laboral. En concreto, considera que debería ser retirado el texto que establece que “los convenios colectivos de empresa se deben adecuar necesariamente al del sector”, afirma el ministerio.

Con la impugnación, el ministerio pretende que las empresas puedan decidir asuntos como la jornada diaria y los salarios, en lugar de en el sector, como  establecía el acuerdo colectivo.

El Ejecutivo defiende que el convenio de empresa permite a las compañías adaptarse mejor a las oscilaciones del ciclo. En contra, los sindicatos ven en esa idea una amenaza a su poder de negociación colectivo y una puerta abierta al ‘dumpin’ social, es decir, a la competencia descarnada en salarios y condiciones de trabajo.

La reforma laboral en vigor desde el 12 de febrero fija la prioridad del convenio de empresa, sobre el de sector, estatal o autonómico, a la hora de determinar la estructura de la negociación colectiva, la jornada diaria y las condiciones retributivas y su estructura económica, entre otros asuntos, según recuerda el Gobierno.

“La libertad contractual de las partes negociadoras de un convenio colectivo no es absoluta”, recuerda el Ejecutivo que cita un precedente en una sentencia del Tribunal Constitucional (20/12/1990). Esta sentencia afirma que “la ley ocupa en la jerarquía normativa una posición superior a la del convenio colectivo”, defiende el Ejecutivo.

Además, el departamento de Báñez cita “numerosos precedentes” entre los cuales destaca 11 procedimientos iniciados de oficio en los últimos años en el ámbito estatal, por falta de legitimación de las organizaciones firmantes del convenio colectivo y por conculcar la legalidad en materias como el ámbito personal y territorial, la discriminación por razón de edad o entre personal fijo y temporal, la libertad de empresa, entre otras.

Con esta decisión, el Ejecutivo vuelve a cargar contra un convenio del sector, como ya hiciera en el ámbito de la construcción. En aquella ocasión, se negó a registrar el convenio de la Construcción aunque luego el departamente que dirige Fátima Báñez se vio forzado a rectificar, ya que el convenio se había presentado ante la autoridad laboral con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral.