La convalidación del decreto ley de saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero que se ha producido hoy en el Congreso de los Diputados tiene varias lecturas políticas. Por el lado del Gobierno una amarga victoria porque, si bien no ha obtenido el apoyo como quería, de los grupos socialista y nacionalista catalán tampoco ha recibido el voto en contra.

Para el dirigente socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, la abstención le ha permitido una salida airosa frente a las presiones de una parte de su partido de una oposición más dura al conseguir que la reforma se tramite como proyecto de Ley, lo que abre la puerta a las enmiendas.  Para los nacionalistas catalanes esta tramitación también les permite influir sobre el Gobierno para conseguir cambios en esta regulación.

De esta manera el decreto de convalidación se ha aprobado con los votos de PP, UPN y Coalición Canaria mientras que ha recibido el rechazo de los representantes de UPyD, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y la izquierda minoritaria, además del PNV. PSOE y CiU se abstuvieron, como se ha comentado anteriormente. Como dato hay que señalar que frente a los 303 votos que rec ibió la reforma financiera aprobada en febrero, ésta solo ha cosechado 178, suficiente para ser aprobada pero sensiblemente menor a la anterior.

Las principales críticas de la oposición se han centrado en la falta de negociación del decreto por parte del Gobierno, así como por la inyección de más dinero público en las entidades financieras mientras se aplican recortes en las partidas presupuestarias de gasto. La exigencia de depuración de responsabilidades, particularmente en el caso Bankia, también ha estado muy presente en el debate.

Tras la aprobación del decreto, la Cámara baja ha decidido por unanimidad tramitarlo como proyecto de ley, por lo que los grupos tendrán ahora la posibilidad de introducir cambios para mejorar el texto.

En este sentido, el PSOE ya ha pedido que se eviten las indemnizaciones a directivos de entidades intervenidas y que las nacionalizaciones no cuesten «ni un euro» a los ciudadanos, modificando la normativa que obliga al Estado a vender sus participaciones en las entidades intervenidas en un plazo máximo de tres años.

También exigen que no se creen bancos malos ni se aporte dinero público para sanear los activos tóxicos, así como que se promuevan programas para reestructurar la deuda de las familias y dar una solución a las participaciones preferentes. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha mostrado su coincidencia con estas peticiones y se ha comprometido a negociar su inclusión en el texto definitivo.