La negativa del PP a facilitar una explicación al Congreso sobre la crisis y nacionalización de Bankia por el presidente saliente y silente Rodrigo Rato y el dimisionario gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha enconado la relación entre los grupos mayoritarios hasta el punto de que los socialistas y CiU no avalaron con su voto el cuarto decreto de reestructuración del sistema financiero. La mayoría absoluta del PP fue suficiente. El socialista Valeriano Gómez y del convergente Josep Sánchez Llibre consiguieron que el decreto se tramite como proyecto de ley para acabar con lo que Sánchez Llibre consideró “una estafa” en referencia a los sueldos de los directivos y para abordar el problema de las participaciones preferentes de miles de ahorradores que no pueden disponer de sus depósitos. Los socialistas no renuncian además a apretar las tuercas fiscales a la banca para dedicar los beneficios al sostenimiento de la sanidad y la educación.

El problema del sistema financiero español deviene de la atonía y la falta de crecimiento económico. Aunque parezca pedestre, hay que repetir que sin actividad productiva no hay beneficios y puesto que el Estado carece de capacidad para cubrir un agujero bancario que en otra situación se aprovisionaría con beneficios, el temido rescate del sistema financiero del que Mariano Rajoy no quiere oír hablar, parece inevitable, con el consiguiente coste para los ciudadanos en términos de renta y servicios sociales. En esta tesitura, el rechazo del PP a la comisión de investigación del conglomerado de Bankia, si quiera sea para que el Parlamento cumpla su función, es un flaco favor a la democracia y a esa transparencia que tanto pregonan nuestros gobernantes. Desde la tribuna mostraba Martínez Pujalte su tableta electrónica con las declaraciones del presidente del BCE, Mario Draghi, acusando de negligentes a los directivos de la entidad que si en un principio necesitaba una inyección de poco más de 10.000 millones de euros, según el cálculo del ministro De Guindos, al final va a necesitar más de 23.000.

Parece lógico que el PP rechace la comparecencia de Rato porque a fin de cuentas fue Mariano Rajoy y el propio Alberto Ruiz Gallardón quienes le promovieron como presidente de Caja Madrid y, por otra parte, demasiadas operaciones de riesgo quedarían de relieve en Bancaja, también bajo el control de los gobernantes populares en la Comunidad Valenciana. En cuanto al gobernador del Banco de España y la función inspectora, cabe recordar lo que él mismo dijo hace tres años: “No podemos admitir que un inspector hunda una entidad”. De ahí los mecanismos y disposiciones para atemperar los informes telúricos de “esos locos”. Desautorizado ya por el Gobierno de Rajoy, Fernández Ordóñez podría contar cómo y por qué se gestó una fusión que ahora De Guindos considera un error. Pero eso tampoco toca, dice el PP. En cambio, en el juego político al uso, pedirá que comparezcan en la comisión del FROB, a puerta cerrada, o en la de Economía –se dilucidará el próximo jueves– Narcis Serra –que fue presidente de Caixa Cataluña hasta 2010–, Hernández Moltó –que lo fue de la Caja de Castilla-La Mancha hasta su intervención– y la exvicepresidenta económica Elena Salgado que, como dijo Pujalte, además de buscarse un puesto directivo en una gran empresa, “alguna responsabilidad tendrá”.

En este clima de reproches y vetos parlamentarios, los socialistas se preguntaban ayer a qué espera el fiscal general del Estado, Torres Dulce, para actuar de oficio. ¿Necesitará una carta de Rubalcaba y Chacón? Más intrépida, la dirigente de UPyD, Rosa Díez, dijo que está preparando una denuncia contra los gestores de Bankia y que la presentará la próxima semana en la Audiencia Nacional. Si el Parlamento no puede revisar los daños y reparar la pérdida de confianza y credibilidad, la judicialización del caso producirá óxido.