La transparencia no es, no puede ser objeto de debate. Es como debatir el derecho a la libre disposición del propio cuerpo. Es exactamente igual que polemizar acerca de si el derecho a la libertad de expresión nos corresponde a todos por igual. Es como tratar de confrontar posiciones sobre si tenemos o no derecho a ir por la calle sin que nos apaleen, nos roben, nos violen y nos maten. A nadie se le ocurre, en virtud de no sé qué extrañas y difusas circunstancias, debatir sobre todas estas cosas; sin embargo sí que se debate sobre si la transparencia, en materia de cuentas públicas, de pérdidas infinitas de una caja que ha sido nefastamente gestionada o sobre las rocambolescas, disparatadas, vergonzantes e inmorales pensiones millonarias de sus principales dirigentes, que han dejado España en bancarrota, si resulta extemporánea o pertinente.

En esto andamos ahora. Leo el estupendo artículo de Rodolfo Serrano, afirmando que Fernández Ordóñez tendría que dar explicaciones cómo y cuándo fuera, y que si hace falta que se vaya a darlas a Sálvame, porque seguro que le escuchan. Si hace falta, ponemos ese día Tele 5, como mal menor, para tratar de entender lo que ha pasado. Lo que sigue ocurriendo, mientras tanto, es que continuamos viviendo en una opacidad institucional que está minando el sistema de representación pública. Esta gente todavía no ha entendido que, en el fondo, son nuestros empleados, que están trabajando para nosotros, que les pagamos nosotros. Somos, aunque no lo parezca, los jefes de esta gente. Y en cualquier empresa, cuando los accionistas, los jefes, los dueños, quieren saber qué pasa con su patrimonio, cómo se gestiona, se invierte, se gasta o se malgasta, tienen un derecho directo a ser informados. Aquí, en cambio, con nuestra cosa pública, lo que tenemos es un debate demencial acerca de si es adecuado, o no, por los momentos que vivimos, aplicar la transparencia a las finanzas públicas. Pero es que, precisamente por no haberla aplicado antes, estamos viviendo estos momentos: por toda esta engañifa, por el golpe siniestro de estos astutos timadores con primas millonarias.

Claro que hace falta transparencia. Para saber si vamos a vivir o morir. Pero la cuestión, aquí, no es si es oportuna o no. El asunto es, una vez más, que se nos vuelve a hurtar nuestro derecho. Ya decidiremos nosotros, una vez que tengamos toda la información, si la olvidamos o la gravamos a hierro candente sobre la piel de los estafadores. Pero que no nos vengan a decir que no es bueno saber, que no conviene.

Una cosa es ser gestores de los recursos públicos, y otra erigirse, a estas alturas del timo, en tutores de la ciudadanía. No lo son. En todo caso, nos ocultan los datos de su propia impericia o de su crimen.