«No estamos de acuerdo con el decreto de umbrales porque nos parece que en un momento de crisis como en que hay para que las familias se vean sometidas a otro punto más de requerimiento que afecta a su economía», ha indicado la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, en relación con la propuesta de Educación, analizada en el Consejo de Universidades, con el mismo orden del día del que decayó, el pasado 23 de mayo, a consecuencia del plante de los rectores a José Ignacio Wert.

Las universidades se han manifestado en contra del aumento de los requisitos académicos tanto para la concesión como para la renovación de las becas, especialmente las catalogadas como “salario», debido a la crisis que ahoga a las economías familiares.

El Ministerio de Educación, por su parte, ha insistido en que se exigirá un 5,5 para acceder a una beca general y un 6 para una beca salario como respuesta necesaria de los alumnos al esfuerzo que hace la sociedad para dotarlas. Hay que recordar en este punto que las decisiones del Consejo de Universidades no son vinculantes para el Gobierno.

Por otra parte, los rectores y el Ministerio de Educación ha retomado el diálogo con «normalidad» en una sesión ordinaria del Consejo de Universidades, tras el inédito plante de las universidades al ministro de Educación, José Ignacio Wert, al no comprometerse este a convocar una sesión extraordinaria del Consejo para analizar las medias de ahorro en la enseñanza superior.

Tras la tensión derivada del desaire, el ministro se vio obligado a rectificar y el Consejo de hoy, presidido por la secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio, ha puesto fecha al compromiso de Wert, de modo que la sesión extraordinaria para debatir acerca del decreto ley de medidas de ahorro educativo tendrá lugar el próximo jueves, 7 de junio.

Gomendio, que ha comparecido ante la prensa junto a la presidenta de la CRUE, Adelaida de la Calle, ha apuntado que se podrían tener en cuenta las propuestas de las universidades en el desarrollo normativo de algunos puntos del decreto ley, aunque el incremento de tasas de matrícula es competencia de las comunidades autónomas.

La mencionada normativa establece una horquilla según la cual los alumnos deberán sufragar con su tasas entre el 15 y el 25% del coste de su formación. Esto significa que las tasas podrían subir hasta un 66%, es decir, más de mil euros por curso.

Varias comunidades autónomas han advertido que incrementarán sus precios el mínimo permitido, circunstancia que puede crear grandes desigualdades entre universidades.